Castilla y León

El 27,4% de los hogares no puede salir de vacaciones ni siquiera una semana al año

Sin ser buena, en este punto la situación es mejor que hace una década. Por entonces la proporción de castellanos y leoneses que no podían disfrutar de siete días de asueto en compañía de los suyos era todavía mayor, puesto que ascendía al 40,8%. Cuatro puntos menos que la media española, que en 2014 era del 45% y en 2024 había bajado hasta el 32,4%.

Se puede discutir si irse de vacaciones es o no necesario (los expertos dicen que sí), pero de lo que no hay duda es de que calentar la casa en invierno, sobre todo cuando hay niños o mayores, es imprescindible para garantizar un mínimo confort. En esto también se detiene el estudio del INE, que llega a la conclusión de que el 14,7% de los núcleos familiares de la comunidad autónoma no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada por falta de recursos, el triple que hace diez años (cuando eran el 5,8%). Esto supone que la precariedad energética se ha incrementado en mayor medida en la región, puesto que este fenómeno afecta al 17,4% en promedio nacional y en 2014 ese porcentaje era del 11,1%.

En domicilios como estos sustituir la lavadora por avería o simplemente repararla, llevar el coche al taller por absoluta necesidad o cambiar la graduación de los cristales de unas gafas es un drama. De hecho, en Castilla y León más de uno de cada cuatro –para ser exactos, el 27% del total– reconocen que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos como los mencionados, proporción que se dispara hasta la friolera de un tercio (34,9%) en el conjunto de nuestro país. Son algunos menos que en 2014, eso sí, cuando ascendían al 28,7% y el 42,4%, respectivamente.

La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2024 ofrece además una radiografía de los ingresos. De acuerdo con sus resultados, la renta neta media por hogar es de 33.615 euros en la comunidad, 3.381 menos que la media. Pero la diferencia es mucho mayor, nada más y nada menos que 11.274 euros, si la comparación se hace con Madrid, la autonomía más pujante, aunque está casi a la par con el País Vasco.

Echar la vista atrás permite comprobar que en lugar de recortar distancia con el promedio nacional, la brecha se ha ampliado mucho. Es más, prácticamente se ha triplicado. Basta ver que en 2014 ese mismo indicador ascendía a 24.838 euros en Castilla y León, 1.254 menos que en España.

Con estas y otras variables como base se calcula la tasa Arope –por sus siglas en inglés–, que mide la población en riesgo de pobreza y/o exclusión. Las personas en esta tesitura han bajado más de dos puntos en la región en el periodo analizado, del 26,5% de 2014 al 24% actual, si bien en los dos últimos año se ha detectado un repunte (en 2022 era del 22,1%) que la Junta atribuye a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. En promedio nacional, esa ratio era del 25,8% el año pasado, frente al 26% de 2022 y el 30,2% de hace diez.