La Junta abre la mano para poder ayudar a más familias

La Junta ha aprobado hoy medidas extraordinarias para la red de protección a las familias afectadas por la crisis, de forma que puedan compatibilizar prestaciones y ayudas, con una flexibilización de los requisitos de acceso, lo que beneficiará a 8.000 personas más, con 14 millones de euros más.

Estas son algunas de las novedades del decreto ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla y León, y que ha detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Destacan las medidas de compatibilidad entre prestaciones y ayudas de la red con otros subsidios por desempleo, rentas activas de inserción, programas de activación para el empleo, del programa personal de integración y empleo o el de recualificación profesional, que posibilitará que personas que ingresan por esta vía una cuantía inferior a la Renta Garantizada de Ciudadanía, vean complementados sus ingresos.

Se trata de compatibilidades reclamadas de forma genérica por el Procurador del Común y acordadas dentro del Diálogo Social, lo mismo que las de flexibilización de acceso a las prestaciones, de los requisitos en cuanto a ingresos, bienes muebles e inmuebles.

En el caso de las medidas relacionadas con la flexibilización para el acceso a las prestaciones, García ha explicado que se trata de modificar las reglas de cómputo, por lo que a partir de mañana, cuando esta norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, la Junta concederá las prestaciones incluidas en esta iniciativa a casos que hasta ahora no atendía por diferentes circunstancias.

En concreto, desde mañana podrán acceder a estas prestaciones los autónomos que tengan rendimientos del trabajo inferiores al 50% de la base de cotización a la Seguridad Social.

Además, cuando se tenga en cuenta el patrimonio de los solicitantes, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes, mientras que en el caso de los bienes inmuebles urbanos cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros se computarán al cincuenta por ciento de dicho valor.

En los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, en el caso de que sean personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM.

Del mismo modo, el decreto ley agiliza la entrega de las ayudas a los beneficiarios, que percibirán la prestación desde el mes siguiente de producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales, a la vez que se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo.

García ha defendido además que este decreto ley incentivará la inserción laboral de los beneficiarios al facilitar la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tuviera suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.

La consejera ha explicado que tras la entrada en vigor mañana, la norma afectará a todas las solicitudes que se presenten, pero también a las que hayan iniciado su tramitación sin haberse resuelto, mientras que posteriormente el decreto ley será convalidado en las Cortes de Castilla y León y luego tramitado como proyecto de ley para facilitar nuevas aportaciones.