La pobreza energética, la 'Perla Negra' y la hepatitis C, a las Cortes de Castilla y León

El pleno que celebran las Cortes de Castilla y León esta semana someterá a debate cuestiones como las ayudas para paliar la pobreza energética en la comunidad, la posibilidad de que la Junta se persone como parte perjudicada en la investigación judicial sobre el edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de polígono de Portillo que se pagaron con dinero de las arcas autonómicas y también sobre el coste de los nuevos y caros fármacos contra la hepatitis C.

El procurador José Sarrión (IU) preguntará a Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, por lo que hace el Gobierno autonómico para combatir la pobreza energética. «Según el INE, en torno al 6% de las familias de Castilla y León no pueden pagar la luz y la calefacción. Aquí hay medidas de titular, que solamente responden a casos de pobreza extrema, pero hay muchos trabajadores que cobran un sueldo que no llega a 600 euros y no pueden afrontar esos pagos. Si no se hace nada, esas familias pasarán frío este invierno», argumenta Sarrión.

El PSOE obligará a los populares a posicionarse sobre la posibilidad de que la Junta se persone como parte perjudicada en la investigación judicial sobre la compra de la 'Perla Negra' por la entonces Consejería de Economía y Empleo. «La Junta está obligada a personarse para defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Mucha gente se ha llenado los bolsillos con comisiones que han salido del bolsillo de los ciudadanos», defiende Luis Tudanca, portavoz del PSOE.

El portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, destaca para el debate en esta sesión plenaria una iniciativa para instar al Gobierno de la nación a pagar el coste de los tratamientos farmacológicos de última generación para combatir la hepatitis C. El coste de estos medicamentos ha supuesto este año en Castilla y León unos 80 millones de euros. «Es un coste a mayores, que dispara un gasto imprevisto y pone en riesgo cumplir con el objetivo de déficit. Planteamos un plan nacional de compras y, si esto no fuera posible, que ese gasto no compute a efectos de déficit público», valora Fernández Carriedo.