El Consejo Consultivo enarbola sus 12.860 dictámenes para defender su continuidad

Garantizar la justicia y salvaguardar los derechos de los ciudadanos, asegurar mayor agilidad en la resolución de recursos, aportar más seguridad jurídica, tanto a las administraciones como a los licitadores, y evitar la judicialización de muchos procedimientos son los objetivos fundamentales del Consejo Consultivo de Castilla y León. «La experiencia acumulada nos permite afirmar que la mayoría de las controversias contractuales finalizan de modo definitivo en esta vía, con la consiguiente reducción de litigios sobre esta materia y ahorrando gastos», asegura su presidente, Mario Amilivia.

El Consejo Consultivo tiene su sede en Zamora y acaba de iniciar una nueva etapa después de la toma de posesión de sus nuevos consejeros electivos, José Ignacio Sobrini y Francisco Ramos. En el primer caso por la salida de Fernando Rey al Gobierno autonómico y en el segundo, para cubrir la vacante por fallecimiento de Ángel Velasco. El leonés Mario Amilivia preside este organismo «consustancial al Estado de Derecho, prestigiada, plenamente consolidada en Castilla y León, y que pese a su labor casi siempre callada, sigue siendo fundamental para las administraciones, debido a que los dictámenes que elaboramos son aceptados casi al 100% por todas ellas».

Considera que esta circunstancia es lo que les otorga más fuerza para seguir con su trabajo, «debido a que, pese a que en muchos supuestos los dictámenes no sean vinculantes, son secundados mayoritariamente por las administraciones autonómica y local (Ayuntamientos, Diputaciones y otras entidades locales) y universidades».

Labores de control

Desde el año 2003, el Consejo Consultivo ha aprobado 12.860 dictámenes jurídicos que han contribuido, entre otras labores de control, «a depurar la responsabilidad patrimonial de las administraciones, la legalidad de la labor administrativa de éstas, y a garantizar la constitucionalidad, estatutoriedad y la legalidad de las leyes emanadas del Parlamento autonómico, en concreto, 124 anteproyectos de ley y 280 reglamentos ejecutivos».

Afirma que la labor del Consultivo «se centra en la importancia de la Memoria justificativa de los proyectos normativos, en el contenido de las normas, que no sean, por ejemplo, disposiciones con escasa fuerza normativa, y en la técnica normativa, apelando a criterios uniformes de técnica legislativa».

Amilivia destaca que el Consejo Consultivo examina previamente, con carácter preventivo, la adecuación constitucional y estatutaria de todas las iniciativas legislativas. «Pero la tipología de los dictámenes es mucho más variada. Conforme marca la Ley, debe ser consultado por la administración preceptivamente en proyectos como la reforma del Estatuto, anteproyectos de ley, recursos de inconstitucionalidad, acuerdos de cooperación con otras comunidades, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, revisión de oficio de los actos administrativos, creación o supresión de municipios o modificación de los planes urbanísticos».

Otra de las funciones del Consejo Consultivo es elaborar dictámenes facultativos a solicitud de las administraciones, «en el caso de las locales, cuando así lo acuerde el pleno en aquellos asuntos que por su especial trascendencia o repercusión así lo requieran».

Dar ejemplo

Mario Amilivia considera como un factor clave que el Consultivo «sustituye al Consejo de Estado, no lo duplica ni complementa, como sí sucede con otras instituciones. Además, ejercemos competencias que en su momento no eran desempeñadas por el Consejo de Estado, lo que se traduce en un plus de garantía para los ciudadanos».

Otra de las notas características que destaca del Consejo Consultivo de Castilla y León, «es su objetividad e independencia» y el trabajo que desarrolla, «pese a ser el más reducido de España con solo tres miembros».

«Proporcionalmente a su composición, es el órgano con mayor actividad de los existentes en España, con casi ya 13.000 dictámenes, con un pico de 1.633 en el año 2011, contando con una plantilla reducida de apenas 20 efectivos y un presupuesto ajustado, que se ha venido adecuando al contexto al que han obligado estos años de crisis económica, en los que las administraciones deben ser las primeras en dar ejemplo».

León ha concentrado el 25,5% de todos los dictámenes aprobados, 3.285 de un total de 12.860. Le siguen Burgos (1.834), Salamanca (1.642), Palencia (1.507), Valladolid (1.308), Zamora (1.078), Segovia (659), Soria (628), afectando el resto (524) a toda la comunidad. En cuanto al tipo de dictámenes aprobados, en línea con el resto de los órganos consultivos autonómicos, la gran mayoría el 87,5% derivaron de consultas sobre cuestiones de responsabilidad patrimonial de las administraciones autonómica y local, con 11.254 dictámenes. Seguidos de los derivados de asuntos sobe revisión de oficio de los actos administrativos (526 dictámenes); contratación administrativa (287); reglamentos ejecutivos (280) o recursos administrativos (188).