Castilla y León cuenta con 22 homologaciones de drones

Los drones no solo son una actividad empresarial en alza. También se han puesto de moda entre el público. Han pasado de ser piezas de aeromodelismo a convertirse en potentes máquinas autónomas cuyo desarrollo tecnológico avanza más rápido que la normativa y desborda a los organismos encargados de su control. Por ello la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente del Ministerio de Fomento, ha colgado en internet unas recomendaciones sobre el uso lúdico de estos aparatos. Su propósito es «concienciar a la ciudadanía» de que los drones no son juguetes y «deben utilizarse en los espacios adecuados, respetando las medidas de seguridad».

La agencia recuerda que existen unas prohibiciones generales, como no sobrevolar zonas urbanas y parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones... Tampoco se puede operar cerca de aeropuertos. Por descontado, quien cause daños por vulnerar esas normas se expone a fuertes multas.

España cuenta desde hace un año con una normativa sobre drones, pero esta solo concierne al uso profesional de los mismos. Según Aesa, ya hay 457 operadores de aparatos de menos de 25 kilos registrados en todo el país, incluyendo empresas, autónomos y particulares. Castilla y León cuenta con 22 homologaciones, siendo Salamanca el territorio que más autorizaciones tiene (10), seguido de Valladolid (9), Burgos (2) y Palencia, que cuenta con tan solo un operador homologado. Sin embargo, de forma paralela a la utilización de drones para fines laborales, la Aesa ha comprobado que también gana adeptos como actividad deportiva y de ocio, y aunque en principio un vuelo recreativo no necesita autorización, recuerda que eso no es óbice para que el piloto deba obrar con seguridad. La agencia avisa, en este sentido, de que los daños causados por invadir zonas urbanas o concurridas o por poner en peligro a las personas en tierra y a otras aeronaves serán responsabilidad de quien maneja el dron.

Uso imprudente

El uso imprudente de un dron puede salir muy caro. A la persona que pilote de forma indebida le pueden caer multas de hasta 225.000 euros. La Aesa ya ha tramitado 75 expedientes; 13 en 2014 y los 62 restantes sólo entre enero y junio de este año. La mayoría, por sobrevolar áreas urbanas y pobladas y por pasar sobre grandes concentraciones de personas; no obstante, hasta el momento, El Norte no tiene noticias de que los expedientados hayan sido castigados con las sanciones previstas.

Fomento tiene previsto aprobar a finales de este año una nueva norma sobre los drones, más amplia y precisa, en la que aparezcan regulados el uso profesional, como ya ocurre ahora, y el de ocio. De momento, las autoridades ponen restricciones a las actividades nocturnas y cerca de aeropuertos, helipuertos y lugares donde vuelen ultraligeros o se practiquen el parapente y el paracaidismo. Sin embargo, la opinión generalizada en las empresas de drones es que la legislación es «insuficiente». Así lo afirma Miguel Sanz, el administrador de Überbaum, una entidad de Venta de Baños (Palencia) que se dedica al desarrollo de drones para usos agrícolas. Por otra parte, Ander García Barroso, director técnico de Drone by Drone, la primera empresa que recibió permiso para funcionar en Euskadi (a finales de 2014) se pregunta «qué es cerca», cómo se establece ese baremo por parte de la Administración. Aesa advierte de que hay que respetar una distancia de seguridad respecto a un aeropuerto o a una aeronave, pero no concreta la distancia. Solo obliga a los operadores de estas naves no tripuladas a no superar los 120 metros de altura y a que el dron esté siempre a la vista.

Aún así, resulta complicado tener un control absoluto de la situación del aparato. «Muchos de ellos, sobre todo los más sencillos, no indican la altura a la que están volando», comenta García Barroso. El responsable de Drone by Drone no está conforme con las indicaciones de la Aesa, porque si bien pretenden paliar los problemas generados por el vacío legal sobre los drones, «a mí no me aclaran nada, y creo que no le hacen ningún favor al sector». En su opinión, el mero hecho de saber pilotar uno de esos aparatos no basta «para evitar riesgos a terceros».

En la Unión Europea también están tratando esta cuestión. Siim Kallas, comisario comunitario de Transporte hasta octubre pasado, asegura que ahora es el momento oportuno para aprobar una reglamentación comunitaria, «porque las aeronaves teledirigidas, casi por definición, van a traspasar las fronteras, y la industria todavía se encuentra en sus primeras fases de existencia». Kallas recuerda que los aparatos de pasajeros ya tienen «un conjunto único de normas con las que todos pueden trabajar». A su modo de ver, con los drones tiene que ocurrir lo mismo.

Ahora los hay de todo tipo y tamaño. Gracias a los avances tecnológicos, el sector tiene enormes posibilidades de crecimiento y de creación de empleo. En la próxima década podría representar un 10% de la facturación del sector aeronáutico, es decir 15.000 millones de euros anuales y la creación de 250.000 empleos para 2050. Mientras llega ese momento, los aficionados tendrán que cumplir los consejos de Aesa si no quieren exponerse a una fuerte multa.