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El Norte
Domingo, 26 de julio 2015, 17:36
El encuentro de representantes de plataformas de afectados por hepatitis C celebrado durante los dos últimos días en Valladolid concluyó hoy, 26 de julio, con el embrión de que lo que será una coordinadora estatal, que empezará a dar sus primeros pasos en torno a octubre-noviembre. Así lo adelantaron los portavoces del País Vasco, Teodoro López, y el vallisoletano, José Lobato, en la presentación de las conclusiones.
«Queremos que la coordinadora unifique criterios, experiencias y acciones y, aunque todo lleva un proceso, es la mejor forma de actuar ya que unidos somos más fuertes. También elaboraremos con anterioridad una serie de propuestas que queremos sean asumidas por los distintos grupos políticos de cara a las próximas elecciones generales», señaló José Blanco, integrante de la Plataforma de Valladolid.
El trabajo se centrará ahora en corregir distintos aspectos del Plan Nacional de Abordaje de la Hepatitic C del Ministerio de Sanidad, tanto en la población general como en su aplicación dentro de las instituciones penitenciarias, además de impulsar la mejora de la coordinación entre las diferentes plataformas. Las principales exigencias pasan por que las autoridades sanitarias de todas las comunidades den cifras reales de enfermos, una financiación suficiente para el Plan Nacional, medicación de última generación en todas las fases de la enfermedad sin discriminación territorial, y pruebas a menores para evitar el desarrollo prematuro de la enfermedad al desconocer que se padece.
«El Plan Estratégico Nacional diseñado por el Ministerio de Sanidad y suscrito por todas las comunidades autónomas y de obligado cumplimiento no está funcionando y hay distintas interpretaciones, así como una falta de datos alarmante sobre los enfermos reales», explicó Teodoro López. Además, señaló como ejemplo el conocimiento de la existencia de «hospitales de campaña» como el de El Bierzo u otros como el de Puertollano, «que no disponen de medios para poder realizar un diagnóstico tan básico como el grado de fibrosis de un paciente».
A su vez, denunció que haya comunidades como la del País Vasco donde «se castiga a los enfermos» de fases iniciales de hepatitis C como la F3 y F2 «a tener que empeorar o a esperar como mínimo hasta febrero del 2016 para ser tratados, sin que ni siquiera todos los de F4, los más agravados por la patología, hayan accedido ya a los nuevos medicamentos». López denunció, según ha informado Ical, la existencia de «comités de gestión o políticos, no médicos» que bloquean el acceso a los nuevos medicamentos a pacientes que ya los tienen prescritos por sus especialistas. «Esto es especialmente grave al no regirse los tratamientos únicamente por criterios médicos y depender también de decisiones administrativas y políticas que están por encima», arguyó.
Sin exclusiones
José Lobato incidió en el hecho de que el Plan Nacional para el abordaje de la hepatitis carece de financiación y es insuficiente «porque deja fuera a un gran número de afectados que no cumplen los requisitos contemplados y no aborda realmente una solución para un problema de salud pública». En este sentido, y ya que la salud es un derecho fundamental amparado por la Constitución, pidió que las administraciones sanitarias fijen como objetivo primordial «el tratamiento de última generación a todos los enfermos de hepatitis C, estableciendo los protocolos necesarios a corto o medio plazo para que esta enfermedad sea erradicada de nuestro país».
Para ello, consideró que no debe se un impedimento su grado, genotipo, edad, etc, a la hora e tratar a cada enfermo en el menor tiempo posible. «Hay tiempo suficiente para actuar y que a partir de 2016 todos los afectados, se encuentren en el estadio de la enfermedad en que se encuentren, reciban los nuevos tratamientos de última generación con antivirales sin tener que esperar a que empeore su salud», enfatizó. Igualmente, apuntó como necesario la inversión en investigación para el tratamiento de menores afectados. «No hay derecho que un menor tenga que esperar a los 18 años para ser tratado, con el empeoramiento que esto supone y el riesgo para su vida», matizó.
De cara a garantizar el cumplimiento del Plan Nacional con sus nuevas premisas, Lobato se postuló a favor de establecer reuniones cada dos meses entre las plataformas y la administración sanitaria correspondiente para poder hacer un seguimiento en cada ámbito territorial. En otro punto, solicitó que el Ministerio de Sanidad amplíe los equipos sanitarios dedicados a seguir la evolución de los pacientes con nuevos tratamientos. «Tenemos evidencias de que nuestros médicos, excelentes en su trato y en la comprensión de nuestra situación, están saturados de enfermos y difícilmente podrían atender a todos los pacientes sin apoyo de nuevos equipos», expuso.
Respecto a la población reclusa afectada por el virus de la hepatitis C, José Lobato consideró que debe recibir la asistencia sanitaria y los tratamientos de última generación en las mismas condiciones que otros afectados. «Así lo establece el artículo 208 del reglamento penitenciario. No puede denegarse o restringirse más el acceso a un tratamiento que cure o mejore una enfermedad por motivos económicos. El coste no puede representar un problema en un tema de salud pública como este», se lamentó.
Finalmente, Lobato apeló «al sentido común, la dignidad y la equidad», teniendo en cuenta que, a su juicio, el precio de los nuevos tratamientos es mucho menos gravoso para el sistema de Salud Pública de España. «El coste económico con los antiguos tratamientos con el antiguo medicamento Interferón, más de 18.000 euros se reduce mucho. Antes, se precisaban largas hospitalizaciones, analíticas y pruebas médicas, posibles trasplantes de hígado, se provocaban muchas bajas laborales y, sobre todo, había poca eficacia y secuelas, muchas de ellas irreversibles. Los antivirales son mucho más rentables al tratarse de fármacos de última generación que pueden tratar con rapidez y desde el primer momento el virus de hepatitis C en todo el país», concluyó.
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