Competencia multa con 88 millones de euros al 'cártel de la leche' por pactar precios

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España, al considerar acreditada la existencia de un cártel en el sector.

Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, en el que se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y de una denuncia formulada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) contra las empresas transformadoras de leche, según informa la Agencia ICAL.

Tras una investigación, que incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector y tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador, la CNMC ha considerado que estas empresas y asociaciones participaban en conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia.

Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo consistían en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

Según competencia, estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.

Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.

La CNMC explica que esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

Competencia considera que los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.

En concreto, las empresas multadas son Danone, con 23,2 millones; Corporación Alimentaria Peñasanta, con 21,8 millones; Grupo Lactalis Iberia, con 11,6 millones; Nestlé España, con 10,6 millones; Puleva Food, con 10,2 millones, y Calidad Pascual, con 8,5 millones.

También han sido multadas Senoble Ibérica con 929.644 euros, Central Lechera Asturiana con 698.477, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña con 200.000, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia con 100.000 y Central Lechera de Galicia con 53.310.

Además, participaron en las conductas anticompetitivas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta y Forlactaria, aunque su infracción ha prescrito.

También denuncia que algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

UPA culpa a la gran distribución

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifestó su «decepción» con la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque considera que la multa no afecta a los «verdaderos culpables del hundimiento del precio de la leche y de la crisis de la ganadería de leche en España: la gran distribución».

UPA recuerda que los ganaderos han presentado «sobradas pruebas» de que la gran distribución es la culpable de marcar el precio de la leche en nuestro país, «usando el producto como reclamo comercial y realizando ofertas abusivas».

Un comunicado de la organización muestra la preocupación de los ganaderos por los efectos que esta sanción pueda traer a la cadena de los lácteos en España. De ahí que los profesionales exijan que «en ningún caso» las industrias lácteas traten de compensar el coste de las multas en mayores descensos del precio de la leche en origen.

En opinión de UPA, «lo lógico» ahora es que el importe de la multa se canalice en ayudar a los ganaderos y evitar el agravamiento de una crisis que ha provocado el cierre de cuatro explotaciones lácteas cada día en los últimos diez años.