122 ayuntamientos mantienen sus residencias municipales a pesar de la escasa rentabilidad

Un total de 122 ayuntamientos de Castilla y León mantienen y gestionan residencias de mayores. La mayoría, a través de empresas o fundaciones y los menos, alrededor de 25, gestionan directamente unos centros geriátricos que suponen cerca de cinco mil plazas públicas en municipios pequeños, los más comprometidos con la construcción de estos servicios. Son los datos facilitados por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, que propone la creación de un plan de apoyo a las residencias que dependen de los ayuntamientos y que se garantice el futuro de estos centros residenciales. «Desde la Junta se debería facilitar los recursos para garantizar su buen funcionamiento», defiende el portavoz en la Comisión de Familia, Jorge Félix Alonso. Y es que muchas son las dificultades que atraviesan algunos de estos centros por el endeudamiento de los ayuntamientos, por la crisis, por una gestión poco exitosa o por el paro, que ha dejado libres muchas de las plazas para las que antes existía lista de espera después de que las familias se hayan visto obligadas a sacar a sus mayores de las residencias porque no pueden afrontar los gastos o para contar con la pensión como ingreso en la economía familiar.

Muchas no son rentables, otras tan solo cubren gastos, pero tanto alcaldes como usuarios se niegan al cierre de unos centros que consideran fundamentales en los pueblos pequeños y que permiten a la comunidad presumir de una ratio de 7,61 plazas por cada 100 mayores de 65 años.

Es el caso de Carlos Martín, cuyos padres residen en la Residencia de Belén de Almeida de Sayago, un pueblo ganadero de Zamora de 540 habitantes. «¿Deberíamos abandonar a su suerte una residencia que tanto costó levantar?», se pregunta y recuerda la ilusión con la que recibió la gente mayor la construcción de un centro «en el que vieron la garantía de poder pasar la última etapa de su vida en su entorno, en su pueblo y sin tener que irse a las grandes ciudades donde sus hijos marchamos hace años». La residencia de Almeida abrió sus puertas en el año 2001. Entonces, en la comarca zamorana de Sayago, tan solo existía la residencia de Fermoselle. Luego se abrieron las de Roelos, Villar del Buey, Muga, Moraleja y Fariza, por lo que se repartieron los residentes y dejaron de llegar de la zona de Los Arribes. «La oferta de plazas residenciales en la zona es alta y con la crisis y el paro a los mayores se les cuida en las casas», explica el alcalde de Almeida, Domingo Martín, respecto a una situación que acabó con la lista de espera que antes existía para acceder al centro, con 32 de las 38 plazas actualmente ocupadas, pero que ha llegado a contar con menos de 30 residentes.

De momento y a pesar de que los 18 trabajadores del centro acumulan cuatro nóminas sin pagar, no se ha encendido la luz de alarma para el alcalde, que en ningún caso plantea el cierre de una residencia que se construyó con un préstamo bancario que aún se está amortizando y al que se deben destinar 5.000 euros mensuales hasta 2021. «Los trabajadores y proveedores están sufriendo retrasos y si se baja de 25 residentes, habría que reestructurar la plantilla», lamenta el regidor.

«La gerencia de una residencia para un ayuntamiento es complicada, máxime cuando hay dificultades económicas, pero no está en mente privatizarla porque no es deseable una subida de cuotas», afirma Domingo Martín, quien tiene puestas sus esperanzas en que el invierno anime a más vecinos a trasladar su hogar a la Residencia Belén.

Desde su construcción a través de un programa de desarrollo rural dotado con fondos europeos, el Ayuntamiento no ha vuelto a recibir subvenciones, unas ayudas que el alcalde cree que deberían llegar desde la Junta de Castilla y León.