El Consejo de Cuentas analiza 70 contratos de la Junta y detecta defectos en 66

El informe que el Consejo de Cuentas ha elaborado sobre la contratación de obras, servicios y suministros efectuada por las consejerías y los organismos que de ellas dependen durante 2011 analiza 70 contratos de los que salen sin tacha cuatro. Los auditores del organismo de control encuentran en los 66 restantes deficiencias o defectos en la preparación previa a la licitación, la resolución posterior, los requisitos de las empresas o los plazos del proceso.

La comparación con informes anteriores arroja situaciones similares en el resultado del análisis de la contratación. Lo que sí aprecian en el Consejo de Cuentas, institución que preside Jesús Encabo, es cierta «mejoría en determinados aspectos de la contratación», de forma que «con carácter general los expedientes están más completos y documentados».

El Consejo de Cuentas refleja en su informe que hay cuatro expedientes en los que «no parece justificada la necesidad del contrato a la vista de su objeto, constituyendo una externalización de funciones administrativas competencia de las entidades contratantes». Se refiere al encargo a empresas de estudios de diagnóstico y seguimiento en materia de transportes, subvenciones del Ecyl, de la Agencia de Desarrollo (ADE) y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

El trabajo de campo del Consejo de Cuentas aborda un muestreo de 70 de los 6.122 contratos mayores que firmaron los responsables de la Administración autonómica en el año analizado, 2011. Puede parecer una muestra pequeña, pero incluye muchos de los expedientes de mayor peso económico, puesto que suponen el 26,3% del total del dinero adjudicado en contratos por la Junta: 124,9 millones de 474,6.

La falta de justificación adecuada de la elección de los criterios de adjudicación, la falta de concreción en el objeto del contrato; las deficiencias en los criterios de adjudicación no evaluables con fórmulas que impiden valorar las ofertas con lo expuesto en el pliego; los errores en el anuncio de la licitación; la introducción de aspectos ajenos al pliego en la valoración de ofertas y el incumplimiento de plazos de notificaciones o formalización de los contratos son las irregularidades más detectadas.

Los cuatro contratos que se salvan en este último informe fueron tramitados en Hacienda, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ente Regional de la Energía. Suman algo más de dos millones de euros del total de 124,9.