«Hubiera sido deseable que los bancos renunciaran a los desahucios durante la crisis»

Aunque nacida en Badajoz, Cristina Almeida tiene una estrecha relación con Valladolid, ciudad que visita con regularidad, pues aquí viven su hermana y sus hijos, sus sobrinos. Ex militante del PCE, expulsada por Santiago Carrillo; promotora de IU, de la que también tuvo que irse; fundadora del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que se coaligó con el PSOE en 1999, Almeida es un referente claro de la izquierda española y del feminismo. Y un espíritu libre, ejemplo de independencia de criterio. Mujer de verbo fogoso y apasionada, le gusta hablar claro y directo. Curtida en los movimientos sociales, pertenece a una generación que concebía la política como una vocación y como un ejercicio de contacto con la gente e identificación con sus problemas.

¿Cómo contempla una curtida veterana como usted la crisis política que estamos padeciendo?

Con una enorme pena, porque parece que la política es lo peor y para mí la política ha sido lo mejor que me ha pasado. Es lo que me ha hecho renacer como mujer, como ser humano, como persona solidaria Ahora veo que la política se ha transformado en otra cosa, casi en una profesión. Y más que por elección parece que se tiene que acceder por oposición. Y eso hace que tenga menos riqueza. Porque cuando uno está pendiente de que le pongan en la próxima lista, no se atreve a decir lo que se piensa. Y cuando uno pierde su libertad personal, lo pierde todo. La política de hoy está más en consignas que en aportaciones reales a los ciudadanos. Y eso está provocando una desafección absoluta que parece que no se quiere resolver. Porque cuanto más desilusionada estés, más te conformas con lo que hay.

Una de las causas de esa desafección que apunta es la sensación de que la política se ha vuelto endogámica.

Antes todos llegábamos a la política desde la ciudadanía, desde el deseo de conseguir libertades, porque entonces no había partidos. Y los partidos clandestinos que había, como el Partido Comunista, al que yo me afilié en 1964, no eran partidos como los de ahora. La mayoría no sabe lo que ha sido la lucha por la democracia. Entonces la gente ejercía derechos como el de la huelga, que no se tenían, como una forma de reivindicación. Sin embargo, ahora que sí se tienen esos derechos, y que están reconocidos como derechos fundamentales, hay cerca de trescientas personas procesadas por participación en protestas o manifestaciones. Llámalo resistencia a la autoridad o piquetes coactivos, el caso es que la protesta se ha convertido en delito. Estamos viviendo un retroceso democrático que se nota en la política porque es la que está haciendo la Ley Mordaza o la Reforma Laboral. La gente está viendo que se le están quitando sus derechos. Y, además, justamente cuando ha empezado a ejercerlos más, con la Marea Blanca o la Marea Verde, que es como la sociedad reclama lo que considera un derecho suyo.

Pero no ignorará que ha habido más de un exceso. Ha habido coacciones de piquetes de huelga, y en algunas manifestaciones se ha llegado al enfrentamiento frontal con la Policía.

Por descontado el delito tiene que ser perseguido. Pero lo que tienen que hacer es perseguir la violencia, y no perseguir el derecho. Lo que pasa es que aquí se criminaliza el derecho, como ocurrió en la Marcha por la Dignidad, que fue masiva y pacífica, y que al final se lía una en la que la propia Policía reconoce que sus mandos no estuvieron acertados. No se persigue a los provocadores, que seguramente se conocen; se prefiere criminalizar toda la protesta. No se puede decir que los incidentes sean la manifestación. La Policía debería proteger a los que ejercen el derecho de quienes quieren violentarlo.

Otra clave de la desafección ciudadana es la corrupción. Se ha impuesto la idea de que en política se está para forrarse.

En la política habrá un porcentaje minoritario corrupto que, desde luego, no está en el Congreso de los Diputados, porque los parlamentarios no tienen poder para adjudicar nada, o beneficiar a nadie. Tiene más poder un concejal de un pueblo que puede recalificar un terreno. Ahí está el problema. Por eso ha habido tanta corrupción en urbanismo. Pero la política es un concepto amplio en el que caben el boom inmobiliario y la pérdida de valor de las casas, las preferentes, el timo de las cajas... y los ciudadanos culpan al que está alrededor de todo esto.

¿Y cómo la atajamos? ¿Hacen falta reformas legales?

El Código Penal no estaba preparado para la corrupción. Y, por otra parte, tradicionalmente no ha habido una cultura de perseguir a los miserables que se enriquecían a costa de los demás. Pero lo que ha venido ahora, la corrupción de los grandes partidos, la corrupción de los grandes dineros y la corrupción bancaria, han obligado a cambiarlo y a ir creando nuevos delitos. Ahora mismo, si hubiera interés de verdad en perseguir la corrupción, habría medios de sobra para hacerlo. Por tanto, la solución está en la justicia por un lado, y en la voluntad política de expulsar de forma fulminante a esa gente de los círculos donde están.

Hay un problema de legitimidad de los partidos que está corroyendo todo, como si fuera un ácido. ¿Qué salidas tenemos? Lo que hasta ahora han propuesto movimientos como el 15M o partidos como Podemos ¿le convence?

La legitimidad de los partidos no depende ni de Podemos ni del 15-M. La da el que cumplan con la función que les corresponde. Es verdad que la gente más joven está intentándolo. Y que grupos como la plataforma anti desahucios han hecho una labor tremenda y han promovido una iniciativa legislativa popular a la que luego han hecho poco caso, aunque la dación en pago debería ser algo evidente. Ahora bien, es verdad que los jóvenes tienen un espíritu más destructivo que constructivo, porque es más fácil decir que algo está mal, que decir cómo se hace lo otro.

No se entiende bien que la sociedad esté ayudando a los bancos y cajas con los rescates y estos no actúen con reciprocidad en asuntos como el de los desahucios.

Claro. Y si hay que hacer esfuerzos, los hacemos todos. Hubiera sido deseable que bancos y cajas hubieran anunciado que renunciaban a los desahucios durante un tiempo, hasta que salgamos de la crisis, o que darán facilidades permitiendo pagar una cantidad mínima. Eso es lo menos que esperaba de ellos la sociedad ante un problema que han provocado en gran medida ellos. Y encima, además de dilapidar los ahorros de los clientes, se van con unas indemnizaciones impresionantes. Esto tiene que ser condenable. Ya no sólo por la crisis económica, sino por lo que tiene de falta de respeto a la ciudadanía, que lo está pasando fatal. Y ellos que han causado gran parte del problema, encima se lo llevan como si nada. Esto es lo que más desanima. Hay una falta de visión racional de las cosas y de generosidad. Y todo esto lo provocan también ciertas ideología que predican que es más el que más tiene que el que más sabe. Por eso los valores hoy son valores económicos. Tenemos la sensación de que no valen para nada el saber, la experiencia o la investigación. Aquí vale lo que da dinero. Y hay que estudiar lo que da dinero. Percibo que están cambiando los valores. Indudablemente hay una crisis económica, pero también una crisis de valores.

¿Se cuenta usted entre las personas que creen que las últimas elecciones europeas supusieron el acta de defunción del bipartidismo?

-Creo que podemos hablar de un fin de ciclo. El bipartidismo ha acusado el golpe. Pero eso no significa que partidos como el PSOE vayan a desaparecer. Ni mucho menos. Está todo por venir. Se abre un escenario en el que seguramente habrá más de dos partidos en juego y que exigirá más capacidad de acuerdo.

¿Comparte la idea ahora tan extendida en ciertos ámbitos de que la Transición fue una claudicación?

A los que critican ahora lo que se hizo entonces yo les diría que nos digan cómo pasan ellos del fascismo a la democracia, y luego hablamos. Ahora me vienen con lo de la amnistía, pero entonces los que estaban en la cárcel no eran los franquistas, eran los demás; no fueron los franquistas los que fueron amnistiados. Y respecto a la monarquía, aceptamos que en el paquete de la Transición el rey fuera una parte de la democracia porque no nos queríamos matar a tiros. Que ahora aquello ya no vale, bueno, pues haced otra cosa y hacedla mejor. Pero lo cierto es que hemos tenido una de las democracias más avanzadas. Y si ahora hay problemas no es por la transición de 1978 sino porque no se está haciendo nada, o se ha hecho poco desde entonces. Estoy convencida personalmente de que con este Gobierno del PP nunca hubiéramos hecho la Transición.

Al criticar la transición desde ciertos ámbitos de la izquierda, y de alguna derecha, se está cuestionando el espíritu de acuerdo y de consenso que la guió. Pero sin ese talante de acuerdo no hay posibilidad de cambiar nada ni de llegar a otros consensos.

El consenso alcanzado entonces es hijo de aquel momento. Pero el proceso muestra sus deficiencias cuando se va desarrollando, no cuando se está creando. Claro que hay deficiencias. Y yo sería partidaria de una gran reforma de la Constitución a la que se le diera carácter de constituyente. Y que todo el mundo planteara lo que quiere para la nueva etapa. Y Cataluña, por ejemplo, que plantee lo que quiera y luego los demás ya veremos. Pero es preferible dialogar a sacar los tanques a la calle. El diálogo es tan importante como el acuerdo. Antes era más necesario el acuerdo; ahora es más necesario el diálogo.

El PSOE y otros partidos están planteando como salida las elecciones primarias y la limitación de mandatos. Otros hablan de listas abiertas. Esto ¿arregla algo?

La limitación de mandatos es algo que estaría bastante bien. Ocho años máximo, y excepcionalmente, en una situación reconocida como tal, la opción de llegar a doce si el gobernante ha hecho méritos. Las primarias también son positivas. No creo que sea la mejor forma para elegir a la mejor gente, porque siempre tendrán ventaja los más conocidos por el público, pero sí me parecen preferibles a lo que hay. Al menos se van a tener que molestar más en hacer las cosas.