Unidos por las becas

Solo la reforma del sistema de ayudas para que todos los alumnos con pocos recursos y que cumplan los requisitos académicos tengan una oportunidad de realizar estudios universitarios logró la unanimidad de las Cortes puso el colofón a dos días de recapitulación y balance de sus señorías en el hemiciclo. Si el Debate de Política General de 2013 fue el de la apertura de las urgencias nocturnas en los consultorios rurales, el de 2014, el último de la legislatura, ha sido el de las becas.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad un cambio en la política autonómica de becas que supondrá que ningún universitario matriculado en las universidades públicas de la comunidad se quede sin la ayuda si cumple con los requisitos. Además, se agilizará su resolución para que se puedan pagar entre los meses de enero y febrero y no al final del curso como ocurre ahora. Castilla y León será la primera comunidad en aplicarlo y se espera que estas mejores condiciones tengan efecto llamada para que estudiantes de otras comunidades autónomas escojan los campus de Castilla y León.

La base del acuerdo, que se asienta en las prioridades marcadas ayer en su discurso por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se recoge en sendas propuestas de resolución de los grupos Popular y Socialista, que han sido respaldas también por el Grupo Mixto. La dotación del programa de becas se incrementará en la medida que permita el escenario económico y el presupuesto.

Tal y como anunció el portavoz de educación del PSOE, Fernando Pablos, y confirmó tras el debate el consejero de Educación, Juan José Mateos, tendrán beca todos los estudiantes cuyas familias cumplan los requisitos de la convocatoria nacional para los alumnos de nuevo ingreso con un cinco de nota. En Castilla y León no se exigirá nota media para tener la beca una vez en la universidad, sino solo tener un porcentaje de créditos aprobados.

El mapa, condicionado

Las Cortes también han aprobado con los votos de PP y PSOE y la abstención del Grupo Mixto, pedir a la Junta que antes de finalizar el año apruebe la norma reguladora de organización y funcionamiento y la cartera común y homogénea de las mancomunidades de interés general en cumplimiento de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

Estas fueron, de las 30 propuestas de resolución del PP, las que contaron con el respaldo condicionado de los socialistas, que se abstuvieron en la relativa a que la Junta remita a las Cortes antes de que termine el año el proyecto de ley de declaración de las áreas funcionales estables, cuyo borrador ha presentado a los municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales.

El desarrollo de la ley de Ordenación, aprobada por PP y PSOE el pasado mes de septiembre es una de las líneas de trabajo presentada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su intervención de ayer en el debate de política general, si bien el socialista Óscar López condicionó el acuerdo no sólo a ese avance, sino a una ley autonómica de haciendas locales.

Precisamente, en la propuesta de resolución socialista en materia de ordenación territorial, rechazada por el PP, se recoge que se cumpla esa ley y se paralicen nuevos recortes así como partidas adicionales para los territorios más envejecidos, atrasados y despoblados de la Comunidad.

De las 30 propuestas del Grupo Popular, once se aprobaron por unanimidad, cinco solo con sus votos, siete con los votos del PSOE y el resto con la abstención de la oposición. Los populares únicamente recogieron una iniciativa de los socialistas, relativa a las becas, mientras que desestimaron las restantes, y dos del Mixto, en los tres casos aprobadas por unanimidad. Así, fueron 14 las aprobadas por unanimidad (11 del PP, 1 de PSOE y 2 del Mixto).

Las aprobadas del Grupo Mixto instan a la Junta a rechazar el 21% del IVA cultural y pedir al Gobierno su modificación y garantizar la actividad docente en todas las ciudades en las que existen campus universitarios, punto recogido en el acuerdo de PP y PSOE sobre las becas.

Entre las propuestas del PP recogidas por unanimidad están que la Junta vele por el cumplimiento de las normas tributarias y evite el fraude fiscal, la puesta en marcha de un plan renove para equipamiento tecnológico sanitario con la recaudación del IVA estatal, el pago de las ayudas a empresas mineras con pérdidas de producción, el apoyo al tramo ferroviario Aranda de Duero-Burgos, respaldo al ibérico o la progresiva implantación de unidades de atención a largos supervivientes oncológicos en las áreas de salud.

No al plan de pobreza infantil

La viceportavoz socialista, Ana Redondo, lamentó que el PP rechazara la petición de un programa de atención integral a menores que contemple de manera gratuita situaciones de pobreza y exclusión y criticó que no se recoja cuando, conforme a datos de UNICEF, están en esa situación un 24% de niños en la Comunidad.

Del Grupo Socialista no se atendieron propuestas para la reforma de la renta de ciudadanía, contra el cierre de camas en hospitales de la Comunidad como El Bierzo y Zamora, para que la Junta exija la financiación para la implantación de la Lomce o de la puesta en marcha de medidas para evitar los desahucios.

Igualmente, se desestimaron las propuestas de finalización con fechas de las obras de Alta Velocidad Ferroviaria y en materia de minería para exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos, donde se asumió la del PP. En materia fiscal, se rechazó la eliminación del céntimo sanitario, en el marco del modelo fiscal que propugna el PSOE.

El no al 'fracking' no pasó el filtro

Por su parte, José María González criticó que su propuesta para prohibir en Castilla y León el uso de la fractura hidráulica o fraking no pasara el filtro de la Mesa de las Cortes. Abandonar los recortes en sanidad, el no a la privatización de servicios, la rebaja de tasas universitarias o cubrir las plazas de especialistas en los hospitales de la Comunidad fueron algunas de las propuestas de IU rechazadas.