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Hoy jueves entran en vigor las medidas sociales aprobadas el martes por el Gobierno, entre las que se incluyen la suspensión de desahucios durante seis meses, ayudas para que los inquilinos puedan hacer frente al pago del alquiler, así como la prórroga automática de los ... contratos de arrendamiento. En Castilla y León serán más de 20.000 personas las que podrán beneficiarse de las ayudas para el alquiler.
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Son ya cerca de 200.000 trabajadores los afectados por la suspensión temporal de su empleo (150.000 de ellos tramitados por la Junta y el resto en Madrid, al trabajar en empresas con presencia en más de una autonomía). Vivir de alquiler es una modalidad minoritaria en un 'país de propietarios' como España, pero es también una opción que han abrazado cada vez más familias por diferentes motivos.
Antes de la crisis de 2008 elegían el arrendamiento el 7% de los castellanos y leoneses, mientras que en 2018, según los últimos datos del INE, el arrendamiento a precio de mercado alcanzaba ya al 10% de la población de la región. Es decir, que alrededor de uno de cada diez afectados por ERTE podría tener problemas para afrontar la renta del mes por el alquiler de su vivienda habitual.
Los expertos
Doménico Chiappe
El decreto con 54 medidas sociales contra el impacto del Covid-19 incluye una moratoria automática en el pago para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda (el que tiene más de diez inmuebles). Si, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, el arrendador es un particular, los inquilinos vulnerables pueden solicitar un aplazamiento en el pago de su renta, a la que el propietario debe dar respuesta en un plazo de siete días.
El Ayuntamiento de Valladolid anunció el pasado 18 de marzo, en el inicio del estado de alarma, que no cobraría el alquiler social a inquilinos que se hubiesen quedado sin ingresos por la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Desde entonces, han solicitado la suspensión del cobro
ocho personas. Una de ellas pertenece al programa de alquileres Alva, cuya renta no puede superar los 450 euros; mientras que otro solicitante pertenece a las denominadas como viviendas 'blancas' o sociales, de las que existen 326 en la ciudad. Otros cinco vecinos lo han tramitado en régimen de viviendas de protección oficial (VPO); mientras que el último solicitante lo ha hecho para un local.
Si las partes no llegan a un acuerdo, el inquilino podrá solicitar un microcrédito habilitado por el Estado a tipo de interés cero y por importe de hasta seis mensualidades, que se deberá devolver en seis años ampliables a diez.
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Los juzgados de la comunidad tramitaron el año pasado 1.638 procesos de desahucio contra inquilinos por impago del alquiler, una cifra muy similar a la de los seis años anteriores. Hay que recordar que la ley de arrendamientos urbanos ahora 'hibernada' establece que dejar de pagar una sola mensualidad ya da derecho al propietario a iniciar un procedimiento de desalojo.
Según destacó ayer el ministro José Luis Ábalos «aunque la ayuda es una medida pensada para el inquilino, a la vez asegura la renta el arrendador, que es el que finalmente va a cobrar el préstamo».
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