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Las Cortes han aprobado el techo de gasto que marcará el caudal presupuestario de las cuentas que gestionará la Junta a lo largo de 2021. Lo hicieron con el voto favorable de PP, Cs y el procurador de Por Ávila; la oposición de PSOE, ... Podemos y el parlamentario de Vox, y la abstención del leonesista Luis Mariano Santos. Es el paso previo a la presentación del proyecto de presupuestos autonómicos, anunciado para finales de mes y para el que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reiteró la «voluntad de diálogo» para intentar lograr un «amplio apoyo parlamentario» ante una situación de excepcionalidad.
Ese límite de gasto no financiero asciende a 10.980,3 millones de euros. No es la cifra del presupuesto, pues faltan los ingresos financieros. Es el más alto aprobado hasta el momento y crece, fundamentalmente, por el margen del 1,1% de objetivo de déficit que permitirá a la Junta cerrar ejercicio con 634 millones de desfase entre ingresos y gastos, que podrá acometer vía deuda, y otra cuantía similar que llega a las cuentas desde el Gobierno central, bajo la denominación de «complemento de financiación del déficit presupuestario» y que supone un cargo adicional a las habituales entregas a cuenta y transferencias para proyectos concretos. «Es una subvención no reembolsable que va a hacer el Gobierno, para que luego sigan poniendo a parir al Estado por el déficit que acumula. Es de malas personas intentar ocultar estas subvenciones directas del Gobierno de la nación», argumentó José Francisco Martín, portavoz parlamentario del PSOE en temas presupuestarios.
Fernández Carriedo había señalado minutos antes que la situación de «hundimiento de la economía» justifica recurrir al endeudamiento para sostener las políticas autonómicas en 2021. El consejero repasó unas cifras en las que, además de la partida que permite el objetivo de déficit y ese complemento estatal que no hay que devolver, está como principal fuente de ingresos las entregas que el Ministerio de Hacienda adelanta a cuenta de la participación de la comunidad en la recaudación de impuestos estatales y que son un 2,4% menores que los 6.928 millones recibidos en 2020. Carriedo volvió a insistir en que la financiación autonómica perjudica a las comunidades más despobladas.
A esos ingresos se añaden otros 1.206 millones en fondos europeos, de los que 924 son de la Política Agraria Común. El consejero aclaró que han decidido no incluir en el techo de gasto previsión alguna de ingresos con cargo al nuevo Fondo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la UE, a falta de conocer al detalle cuantías concretas y programas en los que se gastarán, matizó Carriedo. A medida que tomen cuerpo esas partidas, se incorporarán al presupuesto. Culmina la cuenta de ingresos los tributos propios de la Junta: 703 millones de euros, con una recaudación a la baja, y otros 281,7 millones en tasas y precios públicos.
Salvador Cruz, portavoz de Hacienda del PP, elogió «un techo de gasto histórico» necesario para afrontar «circunstancias excepcionales» y David Castaño, de Cs, insistió en la necesidad de negociar y aprobar los dos presupuestos, el estatal y también el autonómico.
Pablo Fernández, de Podemos, incidió en que los únicos aumentos del techo de gasto regional «los aporta el Gobierno de coalición de España» y el procurador de Vox, Jesús García-Conde, justificó su voto en contra porque «hay que eliminar gasto superfluo antes de ir al banco a pedir».
Pedro Pascual, de Por Ávila, apoyó el techo de gasto, pero con críticas al tratamiento presupuestario que recibe Ávila por el Gobierno y la Junta. «En Castilla y León siempre ha habido clases», remarcó, y la abstención de la UPL pone el punto de mira en la negociación presupuestaria para las próxima semanas. «El debate importante es qué se gasta en qué», subrayó Santos.
Sí hubo amplio apoyo, incluido el del PSOE, para pedir al Gobierno de España que retire la subida del IVA a las bebidas azucaradas.
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