Mueren 11.800 castellanos y leoneses desde 2017 esperando la ayuda de la Dependencia

La parte más hiriente de este balance son las personas que fallecen en lista de espera de la Dependencia. En Castilla y León han muerto, entre enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2024, un total de 11.800 solicitantes que no ha llegado a recibir la ayuda. La cifra de ese limbo en toda España asciende a 388.932 ciudadanos, con Cataluña y Andalucía encabezando este sonrojante indicador de gestión.

Uno de cada cinco solicitantes catalanes y uno de cada cuatro andaluces fallecen en lista de espera en un panorama autonómico en el que Castilla y León se sitúa en un puesto intermedio en cuanto a fallecidos que no llega a recibir el apoyo. En el caso castellano y leonés, el grueso de esos 11.800 fallecidos se encuentra pendiente de la certificación del grado de dependencia y los 800 restantes ya tenían reconocido ese nivel de falta de autonomía y estaban a la espera de disfrutar de la prestación asignada. Son datos oficiales, extraídos de las estadísticas de Imserso.

El informe balance de la asociación estatal estima que en España, desde 2008, han fallecido 320.700 personas esperando a que se les reconociera el grado de dependencia que presentaban y 541.500, aguardando a recibir un servicio o prestación al que tenían derecho. Los directores y gerentes de centros de servicios sociales resaltan un dato: 98 ciudadanos fallecerán cada día en España sin haber obtenido respuesta a su solicitud de ayuda para hacer frente a sus problemas de autonomía personal.

La situación de Castilla y León, en ese análisis comparativo que efectúan los directores y gerentes de centros de servicios sociales, mejora cuando evalúan el tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución del servicio o prestación. La media aquí es de 126 días, la segunda mejor del país, solamente superada por Ceuta, que presenta 57 días. Nada que ver con Andalucía, comunidad donde todo ese proceso implica casi dos años de calendario: 618 días. O Canarias, con 574 días. O Murcia, con 514. La media de espera para la tramitación de un expediente de Dependencia en el conjunto de España es de 330 días, casi un año.

El análisis de estos 18 años del derecho a ver atendida una situación de dependencia incide en la deficiente financiación pública en un panorama de etapas de recortes. Los profesionales remarcan que la financiación estatal no llega al pretendido 50% que marca la ley, pero sí reconocen que desde 2021 se ha producido «una nueva fase de recuperación del sistema», con un «incremento acumulado» de la dotación que aporta el Gobierno de la nación que cifran en 3.644 millones de euros que distribuyen entre las autonomías.

«Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, 14 años después, en 2024, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 euros, un 26,6%. Lo cual evidencia que la reducción de la lista de espera y el incremento de personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios low cost», subraya el colectivo de directivos de centros de servicios sociales.

El balance incide en lo que este derecho supone de atención a las personas con dependencia y también en lo que esa asistencia implica de movimiento económico y de revitalización del mercado de trabajo. «La capacidad de generación de empleo del sistema se estabiliza en torno a los 40 empleos por cada millón de euros invertido», afirman, además de resaltar que a través de impuesto y cotizaciones a la Seguridad Social retorna a las administraciones más del 40% del presupuesto asignado a las personas con dependencia.

«El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar procedimiento y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», plantean desde la asociación profesional, cuyos responsables dejan una crítica con destino al Congreso de los Diputados, institución en la que no han podido presentar este informe «al denegarnos un sala».

Un veto que achacan a «gobernantes que no toleran la fiscalización de la sociedad civil a la impericia de su gestión», precisan desde una asociación que lleva 30 años haciendo seguimiento del sistema de Servicios Sociales y que se considera «sistemáticamente marginada» por los responsables políticos que están al frente de las administraciones.