Más de 100.000 ciudadanos de la región son susceptibles de solicitar el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida social estrella del Gobierno central para sacar de la exclusión social a unas 850.000 familias (2,3 millones de personas), quedó aprobado ayer en un Consejo de Ministros extraordinario. Esta nueva renta social no será una cantidad fija.

Oscilará entre los 462 y los 1.015 euros al mes en función de varios parámetros, aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calculó en la presentación que supondrá unos ingresos de unos 4.400 euros al año (366 al mes). En total, unos 3.000 millones de gasto anual.

¿Cuántas personas se pueden beneficiar en Castilla y León? Todos los organismos que trabajan en exclusión social se mostraron ayer muy prudentes hasta que no se conozca el complejo articulado del nuevo ingreso. Desde la Red Europea contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que reúne a 21 organizaciones en la comunidad, recuerdan que 62.000 personas sufren pobreza severa (ingresos inferiores a 360 euros al mes). Además otros 44.000 castellanos y leoneses padecen privación de material severa por la suma de pobreza, carencias materiales y baja intensidad de trabajo en el hogar.

Esas más de 100.000 personas son el escalón más bajo de los 468.000 habitantes (19,5%) que se encuentran en riesgo de caer en la pobreza según el capítulo regional del informe 'El estado de la pobreza en España y la exclusión social'. Cifras que han repuntado desde 2018, después de los avances cuando se superó lo peor de la crisis de 2008.

El nuevo ingreso tendrá que coordinarse con la actual Renta de Ciudadanía regional que en abril cobraron 9.293 familias (21.816 personas beneficiadas) y supuso un gasto de 4,8 millones de euros. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, confió ayer en esa «compatibilidad», aunque admitió que no se podrá determinar hasta que no se conozca el nuevo documento. 

Blanco aclaró que la Renta de Ciudadanía ofrece «cantidades muy similares» y debe ser una ley subsidiaria que se aplicaría «donde no entrara» el ingreso del Gobierno central. No aclaró si la Junta pedirá la gestión de la nueva prestación, como ya han planteado País Vasco y Navarra.

 En todo caso, la nueva ley contempla la creación de un organismo para hacer a las comunidades autónomas partícipes de la gestión de las ayudas, que serán concedidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aunque todo el papeleo lo harán los servicios sociales de los ayuntamientos.

La nueva ley contempla esa complementariedad, aunque la idea inicial es que, quien cobre el IMV, solo pueda ingresar un porcentaje del tramo regional. El secretario general del PSOE en la región, Luis Tudanca, se felicitó por este nuevo Ingreso Mínimo Vital y advirtió al Gobierno regional que «no puede aprovechar el ahorro en la Renta de Ciudadanía para detraer recursos públicos».

El líder socialista pidió una negociación entre el Ejecutivo autonómico, el central y los agentes sociales para no perder recursos disponibles que van a necesitar las familias, informa Ical. Por ello, exigió que se mantengan los 70 millones que se destinan en los presupuestos autonómicos a la Renta de Ciudadanía.

José Luis Escrivá aclaró ayer en la presentación que los fondos regionales «se contabilizarán a la hora de determinar si una persona cumple los requisitos». No se tendrán en cuenta otras prestaciones finalistas como becas o ayudas para el estudio, por vivienda o emergencia.

Los requisitos son muy específicos. Un hogar estará en «situación de vulnerabilidad» cuando el promedio mensual de sus ingresos y rentas del año anterior a la solicitud «sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda». La persona titular de la prestación deberá ser mayor de 23 años (salvo que tenga al menos un hijo a cargo) y menor de 65 años.

Si quien solicita la ayuda «se encuentra capacitado para desarrollar una actividad laboral», debe estar inscrito como demandante de empleo «y seguir un itinerario individualizado y personalizado de inserción». No solo él: «todos los miembros» del hogar «habrán solicitado previamente las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho», incluidas las del «derecho de alimentos».

El derecho a la percepción será permanente: «Se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y se observen los requisitos y obligaciones previstas en este real decreto-ley», dice el decreto.