Más de 10.000 castellanos y leoneses estrenarán en junio el Ingreso Mínimo Vital

Los primeros en beneficiarse de la medida, de 'oficio' y de forma inmediata, serán quienes ahora reciben la prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo, que desaparecerá, una cifra que equivale a en torno a la mitad de las personas que actualmente perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) autonómica.

Después, las ONG que integran la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social cifran en 62.000 los castellanos y leoneses que sufren pobreza severa (con ingresos inferiores a 360 euros mensuales) y en otros 44.000 los que padecen privación material severa por la suma de pobreza, carencias materiales y baja intensidad de trabajo en el hogar, lo que totaliza algo más de 100.000 ciudadanos de la región susceptibles de solicitar la nueva prestación.

El Ingreso Mínimo Vital tendrá forma de prestación íntegra o de complemento de otras, como la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León, ya que el primero es compatible con el cobro de sueldos bajos y otras prestaciones autonómicas, casos en los que la Seguridad Social abonará a los beneficiarios la diferencia entre la nueva ayuda y los ingresos efectivos anteriores.

La cuantía de la RGC oscila entre 430,27 euros al mes en doce pagas anuales si el titular es beneficiario único y 699,19 euros si es titular con familia. El número actual de perceptores es de 21.816 personas agrupadas en 9.300 hogares y el gasto ejecutado por la Junta en el último año ascendió a 72 millones de euros.

El ingreso vital, mientras, será más elevado en todos los casos: 462 euros para un adulto solo y 1.015 euros como máximo, en función de los miembros del hogar. Contempla un aumento de 139 euros por cada conviviente, así como un suplemento de 100 euros al año para las familias monoparentales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado que uno de los objetivos del ingreso mínimo es homogeneizar una situación que hasta ahora era «extraordinariamente heterogénea». «Las comunidades tienen programas heterogéneos y el problema estaba en poner un mínimo, de modo que ahora las autonomías tendrán que redefinir sus rentas mínimas y ver qué quieren cubrir y complementar», manifestó José Luis Escrivá el miércoles pasado en TVE.

El caso más claro es el del País Vasco, cuya renta básica está dotada con entre 650 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros de la familia.

Aquí, los secretarios regionales de UGT y CC OO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, ya han incluido en la agenda del Consejo del Diálogo Social la apertura de negociaciones para 'ordenar' la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía –gestada en la mesa que comparten la Junta, los sindicatos y la patronal Cecale– sin que se produzcan solapamientos. Los sindicatos desean que la cohabitación de ambas figuras quede garantizada, de modo que esos más de 70 millones anuales estén blindados en la órbita de la protección social tras la llegada del ingreso mínimo.

Es una postura que la pasada semana fue secundada en pleno por las Cortes de Castilla y León, después de que el PP presentase una iniciativa para reclamar al Gobierno central que la Junta pueda gestionar la nueva prestación. En el texto de la moción se recoge que los recursos liberados de la Renta Garantizada de Ciudadanía irán «exclusivamente y en su totalidad» a servicios sociales.

En el mismo pleno, Ciudadanos pidió a la Junta que exija al Gobierno que los demandantes de asilo internacional puedan beneficiarse también del ingreso.

El ministro Escrivá ha admitido que «es difícil» saber cuál será el comportamiento de cada comunidad pero, en cualquier caso, garantiza que «nadie va a quedar peor de lo que estaba». Y se muestra confiado en llegar al mayor número posible de beneficiarios. «En ciertas comunidades sabemos que vamos a llegar a mucha más gente de lo que se llegaba hasta ahora», ha asegurado.

Por el momento, la Junta enfoca el asunto centrada en la reivindicación de la gestión. El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, espera que el Gobierno sea «receptivo» y esgrime la «dilatada» experiencia de la comunidad en la administración de la renta ciudadana.

En la XIII Conferencia de Presidentes, Mañueco argumentó que los informes nacionales de los gerentes de residencias otorga a Castilla y León el sobresaliente, por encima de los resultados obtenidos por País Vasco y Navarra que son, de momento, los dos únicos territorios que van a gestionar la nueva prestación del Estado. «No puede haber privilegios, desigualdades y tratos injustos», sostuvo.

Desde la Junta presumen de que la Renta Garantizada de Ciudadanía ha destacado no solo como una prestación social económica orientada a cubrir las necesidades básicas para las personas más vulnerables, sino como una herramienta efectiva a la hora de articular la salida de la exclusión social a través del empleo.

En 2018, destacan desde la Consejería de Familia, que es la encargada de su gestión, uno de cada tres perceptores de la renta garantizada encontró un empleo, es decir, 3.360 de los 10.557 perceptores. La mayoría fueron contratados por empresas y entidades sin ánimo de lucro, o por parte de las corporaciones locales.

Sobre la gestión del ingreso vital que reclaman no solo la Junta sino varios gobiernos autonómicos más, el titular de Seguridad Social se limita a justificar el convenio concedido al País Vasco y Navarra y a apostillar que «en el resto se irán evaluando». Prefiere hacer hincapié en que lo importante es que las prestaciones «se gestionen bien y no haya incidencias».

Hace unos días, el IMV fue convalidado por el Congreso con el 'sí' de todos los partidos salvo Vox, que tampoco votó en contra. Optó por la abstención porque, sostienen, pone en riesgo el sistema de la Seguridad Social. Eludieron votar 'no' «por las necesidades que tienen los españoles».