Los servicios antiterroristas de la Policía han detenido a un jubilado de Burgos como presunto autor del envío de los seis sobres con material pirotécnico que fueron interceptados en distintas instituciones, entre ellas el Palacio de la Moncloa, entre finales de noviembre y principios de diciembre.
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El sospechoso, de 74 años, ha sido arrestado en plena calle, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, y los agentes han procedido a la entrada y registro en su domicilio.
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Aythami Pérez Miguel Celia Miguel
Los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía por ahora no han encontrado ningún vinculo del arrestado con el espionaje ruso, tal y como apuntaba el Gobierno de Washington, según publicó esta semana The New York Times. El periódico aseguró que detrás de los envíos estaba ell Movimiento Imperial Ruso, un colectivo de ultraderecha que cuenta con miembros, asociados e infraestructura por casi toda Europa y también en España.
El primero de los envíos supuestamente realizados por este grupo tuvo lugar el 24 de noviembre y el destinatario fue Pedro Sánchez. La carta fue detectada por los servicios de seguridad de Presidencia, pero Interior no desveló el hallazgo hasta que se supo que formaba parte de una campaña más amplia de misivas.
El 30 de noviembre se recibió una segunda carta en la embajada de Ucrania en Madrid y causó rasguños en un dedo a un empleado de la legación diplomática. Posteriormente, se fueron detectando, sin llegar a explosionar en ningún momento, misivas explosivas en la empresa de armamento Instalaza, con sede en Zaragoza, que fabrica los lanzagranadas que España está enviando en apoyo del ejército ucraniano; la sede del Ministerio de Defensa, la base área de Torrejón de Ardoz; y la embajada de Estados Unidos en Madrid. Los servicios de Información de la Policía Nacional concluyeron entonces que los paquetes se habían remitido desde España.
El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.
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Los investigadores del caso han ido acotando estas últimas semanas el territorio hasta llegar a la detención del jubilado burgalés. De hecho, se llegó a hablar en primera instancia de que habían sido enviadas desde un punto de la provincia vallisoletana. Entonces, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que la autoría de los envíos «corresponde a un mismo origen».
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Tan solo dos días después, el 5 de febrero, las pesquisas se trasladaron a León y Galicia. Los investigadores ampliaron el radio de acción a toda el área noroeste de Correos (excepto Soria) porque, efectivamente, tal y como confirmaron al juzgado de la Audiencia Nacional que se ocupa de esclarecer lo ocurrido, los envíos proceden del centro de distribución de Valladolid pero hay envíos de otras provincias y comunidades autónomas que confluyen en este centro antes de llegar a su destinatario definitivo. Es el caso de León, en esta misma comunidad autónoma, o de Asturias y Galicia, han apuntado fuentes próximas al caso.
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