Burgos

Las defensas de los Latin King piden la nulidad de las escuchas telefónicas

Basan la nulidad del auto judicial que autorizó las escuchas en una «ausencia de indicios objetivos» y que en la documentación «hay un popurrí de hechos en los que estaban implicados menores de edad» en el momento en que se produjeron los acontecimientos. Tampoco se concretan, dice una de las letradas, los delitos que se le imputan a cada uno, asegurando que esto ocurre porque «no se pueden acreditar».

Además las abogadas de los dos encausados que decidieron seguir adelante en el procedimiento han impugnado las pruebas periciales probatorias alegando fallos en las transcripciones, así como las testificales de la Policía practicadas este martes en el juicio.

Así lo ha expuesto en las preliminares la letrada de uno de los encausados, mientras que la segunda de ellas ha introducido también que en los 25 atestados aparecen menores de edad, junto con mayores, cuestión que no permite la legislación europea ni las leyes locales. Por esta razón la abogada del joven, con residencia en Valladolid (el otro la tiene en Burgos), ha solicitado la nulidad del oficio inicial, que data de 2019.

A juicio de las abogadas defensoras, «no se cumplen las garantías procesales» que deben amparar en un proceso de este tipo. En el juicio contra los 12 miembros que se celebró en noviembre de 2022, las letradas de los dos jóvenes que no aceptaron el pacto alegaban que la importancia de los hechos no es la que relata el Ministerio Fiscal», por lo que afirma que pedirían «la absolución al no tener nada contra nuestros clientes», aseguraban.

Desde el punto de vista de la Fiscalía, las peticiones están fuera de todo fundamento conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal «porque hay que alegar en función de los artículos» de la Ley y no formular una petición de nulidad general de todo el procedimiento. La fiscal también alude a que esta petición hubo de ser formulada en «el momento procesal adecuado» y no ahora. Y que las impugnaciones de las pruebas tampoco ha lugar para ellas porque los testimonio de los testigos propuestos fueron admitidos por la Presidencia de la Sala.

El primer juicio, celebrado en noviembre de 2022 acabó con un acuerdo de conformidad para reducir la condena a penas de entre uno y dos años de prisión para los encartados, cuando la Fiscalía solicitaba inicialmente para ellos penas de prisión que sumaban más de 63 años de cárcel y multas de 15 meses a razón de seis euros de cuota diaria.

En la sesión de juicio de los dos jóvenes que no aceptaron el pacto, prestaron declaración los policías que realizaron los atestados, realizaron los seguimientos a los miembros de la banda y realizaron las escuchas telefónicas o practicaron registros en los domicilios, tanto de los encausados de Burgos y Aranda de Duero, como de Valladolid.

Los agentes han descrito que los dos enjuiciados pertenecían en uno u otro grado a la organización 'Reino de Castilla y León' y se articulaban en tres capítulos -según la terminología que usan los Latin King-, y que eran el de Burgos y el de Valladolid, el tercero operaría en Aranda de Duero.

Según la Policía el objeto de esta banda latina es «proteger a los integrantes fuera de su país y conformar grupos cuyos miembros pagan cantidades de dinero» al colectivo y además «se dedican a delinquir, hacer pequeños tráficos de droga, para sostener la organización»; y además, para mantener su hegemonía, se enfrentan a otros grupos identitarios, tales como Trinitarios, Blood-901 o Ñetas. Sus métodos crean «alarma social», declaraba un policía.

El Ministerio Fiscal ha tratado de confirmar todos los extremos del escrito de acusación inicial para los dos jóvenes que no aceptaron el pacto firmado por los otros diez encausados y mantiene las penas para ellos.