El condenado por asesinar a una peregrina pide que se anule su detención

Según ha defendido el letrado Emilio Cortés, que se ha hecho cargo de la defensa en colaboración con Vicente Prieto, la detención de Muñoz, hoy en prisión, se efectuó «sin control judicial» y respondió únicamente a la «presión» ejercida por diversos organismos para esclarecer el suceso. Esto es, que se buscó a un «chivo expiatorio» y se detuvo al condenado «sin indicios suficientes». Solo por esa circunstancia, ha subrayado, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debería «declarar la nulidad de la detención».

A partir de ahí, Cortés insiste en que cualquier diligencia está desacreditada, sobre todo al considerar que el detenido no tuvo asistencia letrada en varios momentos de la instrucción, incluyendo la aparición de la uña de la fallecida. Otros indicios, utilizados como pruebas de cargo, como la posesión de algo más de 1.000 dólares, que permitió vincular el robo con el asesinato, o la aparición en casa del condenado de un gorro que «pudiera ser» de la víctima pero no fue debidamente cotejado, son «débiles». Lo suficiente, al menos, como para no ser «pruebas de cargo lícitas», según Cortés.

A todo ello, ya planteado con anterioridad en el proceso, se le ha unido hoy una cuestión paralela. Y es que, Cortés ha cuestionado la «alevosía» con la que la sentencia considera que se realizó el asesinato. «No conocemos las posibilidades de defensa» de Pikka, ya que, de hecho, la mochila que llevaba había sido «aliviada» de peso, según manifestó el hermano de la fallecida. «La alevosía no ha quedado en modo alguno probada, porque el crimen no lo vio nadie», ha subrayado.

Lejos de aceptar tales argumentos, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular han reiterado su rechazo al recurso en todos sus extremos, empezando por la alevosía. Una alevosía que, aseguran, está totalmente probada. Según han recordado, el propio acusado reconoció que golpeó en la cabeza a la peregrina de manera sorpresiva, sin que ésta pudiera defenderse. Es más, en la autopsia no se localizaron «lesiones defensivas», y eso, a su juicio, es ya una prueba determinante para confirmar dicha alevosía.

Paralelamente, tanto el fiscal como el letrado de la familia reiteran que todo el proceso se realizó con todas las garantías legales. No en vano, la detención se produjo tras «meses« de investigación y con «indicios racionales suficientes» como para vincular al condenado con el asesinato. Además, Muñoz contó con asistencia letrada en los momentos en los que la ley lo marca y, lo más importante de todo, confesó el crimen. Lo hizo en una «declaración espontánea» de la que luego se desdijo, pero indicó dónde se podían localizar los restos de la peregrina. Eso, sumado al resto de los indicios, testimonios y pruebas periciales practicadas, coloca a Muñoz como autor de los hechos, según defienden la acusación y el fiscal y según quedó determinado en la sentencia condenatoria.