Ocho años de prisión para un joven en Aranda por violar a una menor cuando estaba borracha

Los hechos probados ocurrieron el 7 de septiembre de 2018, cuando la localidad ribereña celebrada su fiestas patronales. Ese día, la víctima y unas amigas acudieron a la casa de un amigo, entre los que se encontraba el acusado. Tras unas horas en la «verbena», acudieron a casa del acusado para dormir, dado que el primero de los amigos, el propietario de la anterior vivienda, había olvidado las llaves del domicilio.

Una vez en casa y aprovechando que la joven de 16 años estaba dormida, el autor de los hechos se acostó en la misma cama que ella, donde se había tumbado vestida. Poco después, él se quedó en ropa interior y, «sabiendo que era menor, sin el consentimiento de ella, se le fue aproximando, le quitó la ropa de cintura para abajo, se colocó encima y la penetró vía vaginal tres veces».

Según la sentencia y dado que ella «estaba bajo los efectos de la previa ingesta de bebidas alcohólicas ingeridas a lo largo de la noche, no opuso resistencia». Tras lo cual, ella se vistió y permaneció tumbada en la cama hasta dormirse.

Días después, el 19 de septiembre, a través de una red social, el acusado mantuvo una conversación con una amiga de la menor, a quien le confesó lo que había ocurrido y le trasladó su «preocupación de que hubiese podido quedar embarazada», ante lo cual se produjeron reproches hacía él. Preguntada por su amiga, la víctima le dijo a su amiga que «no recordaba nada porque estaba borracha». Fue la madre de la menor, tras leer las diferentes conversaciones en el móvil de su hija, la que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional.

Además de la condena de ocho años de prisión, la sentencia interpone una medida de alejamiento y prohibición de acercamiento a la víctima, a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, centro escolar o cualquier lugar en que se encuentre por un tiempo de nueve años y prohibición de comunicación con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo. También, estará bajo libertad vigilada por ocho años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Por último, deberá indemnizar a la menor a través de sus representantes legales, en concepto de daño moral en el importe de 4.000 euros.