Concepción intuye que la reforma de la norma abocará a «nuevas revisiones»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha intuido este jueves en Burgos que la reforma de la ley 'Solo sí es sí' aprobada en el Congreso de los Diputados abocará a «nuevas revisiones» y, por tanto, ha añadido, «a un mayor trabajo para adecuar nuevamente la pedagogía que contenga».

Concepción, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para dar a conocer la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Alto Tribunal correspondiente al año 2022, ha defendido que «los jueces lo único que están demostrando y que han demostrado una vez más es el rigor y la responsabilidad a la hora de trabajar», informa Ical.

Así, ha argumentado que los magistrados en la Sala de lo Civil y Penal tienen que afrontar «muchos recursos de revisión de sentencias firmes y aplicar esa nueva ley en los recursos de apelación contra las sentencias». «Tenemos que aplicar con rigor el texto más favorable al penado, que indudablemente es la Ley de Protección Integral de septiembre de 2022», ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que lo único que hacen los jueces es «aplicar la ley», al tiempo que ha asegurado que no pueden entrar a valorar el trabajo de los que la realizan, si bien no consiente «descalificaciones gratuitas por parte de quien tiene la responsabilidad del texto de esa norma». Esto último en alusión a cómo valora que haya miembros del Gobierno que ponen más el foco en lo que hacen los jueces que en la propia redacción y naturaleza de la norma.

Respecto a la tardanza por parte del Ejecutivo central en modificar la ley frente a otras como la reforma del Código Penal -impulsada por el Gobierno y ERC- que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, Concepción ha indicado que «eso habría que preguntárselo a quien tiene la iniciativa legislativa, que es el Gobierno de la Nación y a quien tiene la capacidad legislativa, que es el Parlamento».

Sin embargo, el presidente del Alto Tribunal de la Comunidad ha señalado que en el primer caso, «efectivamente, eso puede obedecer a intereses absolutamente políticos por exigencias de los socios del Gobierno» y ha precisado que «en este caso, a lo mejor es que en el Gobierno de coalición no han tenido las cosas muy claras o no han podido llegar a acuerdos para modificar inmediatamente una ley que nunca debería de haber sido promulgada».

«Es lo que sucede cuando se legisla por capricho político y, sobre todo, sin atender y despreciando el imprescindible consejo que a la hora de legislar ha de tener el Parlamento, que es el de los órganos consultivos de la Nación: el Consejo de Estado y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en aquellos proyectos que le afecten», ha exclamado.

El cambio legal de la norma, que solo lleva ocho meses en vigor, se ha efectuado tras rebajar los tribunales unas 40 condenas a agresores sexuales en Castilla y León, lo que ha facilitado la salida anticipada de prisión de seis de ellos. En este sentido, preguntado acerca de por qué en alguna provincia de la Comunidad no ha habido ninguna excarcelación y en otras sí, Concepción ha manifestado que se debe a «la distinta importancia resolutiva que se ha padecido en unas provincias y en otras» que, ha precisado, «no deja de ser consecuencia de la distinta incidencia o volumen de registro que padecen unas audiencias u otras».

Finalmente, ha apuntado que «indudablemente» las Audiencias de Burgos, Valladolid y León son las que soportan «un número muchísimo mayor de juicios penales» y, por tanto, de casos de agresiones sexuales que otras audiencias del territorio. Por tanto, ha considerado que es «lógico» que en esas audiencias «el volumen y el nivel de revisión de la sentencias dictadas en casos de delitos sexuales sea mayor que en otras».

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