El cierre de Garoña cumple un año sin alternativas y pendiente del plan de desmantelamiento

Aquel 1 de agosto de 2017 sabíamos que se marcaba el principio del fin de Santa María de Garoña. El anuncio del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que se denegaba la autorización solicitada por Nuclenor para renovar la explotación de la central nuclear hasta 2031 suponía el cierre efectivo de la planta ubicada en Quintana Martín-Galíndez (Valle de Tobalina).

Eso sí, también sabíamos que el cierre no era inminente, que tendríamos que ser testigos de un largo proceso de desmantelamiento, que lo retrasaría cómo mínimo una década. Y un año después todavía está más claro que el fin definitivo de Garoña no está a la vuelta de la esquina, aunque sus consecuencias ya se hayan dejado notar en la economía burgalesa.

365 días después de aquel anuncio estival, que pillaba a la provincia en plena celebración de su tradicional Vuelta Ciclista a Burgos, poco se ha avanzado en el proceso de desmantelamiento. Nuclenor, propietaria de la central burgalesa, se encuentra inmersa en el proceso de predesmantelamiento, mientras que elabora el propio plan de desmantelamiento, un documento que depende de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Así, los 119 empleados de Garoña que conforman la plantilla tras el expediente de regulación de empleo aprobado a finales del pasado año, junto con un centenar de profesionales de empresas colaboradoras, se dedican a preparar la planta para su desmantelamiento, además de realizar tareas de seguridad y mantenimiento de la instalación.

En concreto, se ocupan de trabajos de compactación de los residuos de baja y media intensidad (como vestuario o herramientas), que se remiten al cementerio de El Cabril (Córdoba); se trata de un centro de almacenamiento de residuos radioactivos de baja peligrosidad que recibe material de industrias y hospitales. Mientras, los residuos de alta intensidad (el combustible utilizado por Garoña) se almacena en la piscina del reactor, donde se cuenta con 2.505 elementos en proceso de enfriamiento y a la espera de ser trasladados al ATI.

Y ¿qué es el ATI? Pues es el Almacén Temporal Individual, construido en Valle de Tobalina, que albergará esos residuos radioactivos en sus 32 contenedores durante un plazo aproximado de diez años antes de su envío al Almacén Temporal Centralizado; al menos esa es la teoría, pues la paralización del ATC de Villar de Cañas hace temer al municipio burgalés un almacenamiento menos temporal y más definitivo.

De ahí la lucha por conseguir compensaciones, que no tienen que ser solo económicas. Los 14 municipios ubicados en un radio de 10 kilómetros en torno a Santa María de Garoña acaban de diseñar, junto con los grupos de acción local y Sodebur, un plan de reactivación económica que podría perder efectividad si los residuos de la planta se quedan permanentemente en Burgos.

Se trata de un plan con 22 medidas, y una inversión de 119 millones de euros, que se irían implantando a lo largo de la próxima década. Y es que el plan de desmantelamiento llevará entre 13 y 16 años, con una inversión superior a los 300 millones de euros, de modo que se pretende contar ya con alterantivas económicas a Garoña para cuando esta eche el cierre de manera definitiva.

Y es que nadie preguntó a los vecinos, allá por los años 70 del siglo pasado, si querían vivir junto a una central nuclear. Garoña ha dejado riqueza, pero ha impedido la diversificación económica. De ahí la necesidad de abordar ahora un proyecto de reactivación, para el que se espera contar con la ayuda de las administraciones. La Junta de Castilla y León pone a su disposición el plan de reindustrialización de Miranda de Ebro, y los millones a recaudar con el nuevo impuesto que grava el almacenamiento de residuos radioactivos.

Por su parte, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a impulsar un Plan Garoña, ambicioso. El subdelegado en Burgos, Pedro Luis de la Fuente, ha asegurado que el Plan Reindus de Zapatero se le queda escaso, y que la reactivación debe tener en cuenta a las comarcas de Las Merindades, La Bureba y Miranda de Ebro, siendo paradigma de la lucha contra la despoblación.

Mientras, los vecinos urgen soluciones pues «la zona se ha deprimido bastante» y se corre el riesgo de que quede «desértica». Garoña contaba con una plantilla de 217 profesionales, de la que solo quedan activos 119, tras un proceso de recolocaciones, prejubilaciones y despidos pactados. A ello se suma la pérdida de empleo de industrias auxiliares, que se empezó a notar cuando Garoña se desenchufó de la red en diciembre de 2012, y todo el empleo indirecto asociado a una gran empresa.

Desde el punto de vista de la seguridad, todo parece controlado; de hecho, Nuclenor avanza que pueden almacenar en el ATI todo el combustible de Garoña sin problemas. También se mantienen los planes de emergencias. Sin embargo, cuanto más tiempo pase más complicado será buscar una alternativa a la nuclear, que al menos ayude a paliar los perjuicios económicos de un cierre que, desde el punto de vista medioambiental, se considera un gran avance para el futuro del parque nuclear español.