80 años de cárcel por distintos delitos sexuales cometidos en cinco pisos de Burgos

El Tribunal Superior de Justicia ha ratificado y aumentado las penas contra dos condenados en Burgos por proxenetismo, trata de seres humanos, agresión y abuso sexual, estafa, pertenencia a organización criminal. El listado de delitos de los que se acusa a estas dos personas es elevado, como así son las penas, 80 años de cárcel para el cabecilla de la trama y 20 para su cómplice, una mujer, informa Burgosconecta.

Los condenados presentaron alegación y ahora, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha visto esta causa procedente de la Audiencia Provincial de Burgos. Los delitos que se han juzgado son los de integración en grupo criminal, trata de seres humanos con delito de prostitución coactiva, prostitución coactiva, facilitación de la prostitución sobre menor de edad, inducción a la prostitución de menor de edad, obtención de relación sexual a cambio de remuneración o promesa, agresión sexual, abuso sexual, coacciones, amenazas y estafa en concurso medial con falsificación de documentos. Por todo ello, se condenó al cabecilla, un hombre, a 79 años de cárcel.

Ahora, el TSJ ha ratificado la sentencia y ha elevado un año más la condena para este hombre por un delito de prostitución coactiva sobre una mujer menor de 16 años. Así, la condena se eleva hasta los 80 años. Pero el tiempo máximo de la pena se ha fijado en 24 años, que es el equivalente al triple de la pena más grave que le fue impuesta.

De igual manera, la última sentencia condenó a una mujer, cómplice de este hombre cabecilla de la trama, a 19 años de prisión. Ahora, la pena aumenta en seis meses más por el mismo motivo, un delito de prostitución sobre una menor de 16 años. Esta mujer, sin antecedentes penales, seguía en libertad por esta causa, de la que no fue privada en ningún momento.

Esta mujer fue condenada, y ahora ratificada esa condena, como cómplice de seis delitos de prostitución coactiva, cooperadora necesaria en grado de consumación de un delito de agresión sexual con penetración anal y coautora de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.

Los hechos se remontan en el tiempo y son impactantes. En base a investigaciones policiales y con la declaración de testigos protegidas, se ha considerado probado que en 2015 existían en la ciudad de Burgos hasta cinco pisos en los que se estaba explotando sexualmente a mujeres.

El primero de los condenados se dedicaba desde un año antes a la captación de mujeres a las que ofrecía trabajo como prostitutas o, en otros casos, les decía que era para practicar masajes eróticos. Les decía, además, que obtendrían altos ingresos por dicha actividad y se les proporcionaría alimentación y domicilio.

Las mujeres captadas quedaban bajo el control de este hombre y esta mujer condenados. Las aislaban socialmente, no tenían llaves del piso, solo podían salir bajo el permiso de estos o en su compañía y durante muy poco tiempo. Además, debían estar disponibles desde las 9 de la mañana y hasta las 12 horas de la noche. No percibían nada de dinero por sus servicios o recibían muy poco, el resto se lo quedaban estos dos condenados.

Fueron identificadas diez mujeres que estaban sufriendo esta situación, ocho de ellas adquirieron la condición de testigos protegidas.

Algunas fueron captadas desde la provincia de Barcelona con la promesa de recibir 4.000 o 5.000 euros al mes por efectuar masajes eróticos a los clientes con las manos o la boca. Pero, antes, las obligaron a realizar una prueba, que se trataba, básicamente, de mantener relaciones sexuales con este hombre, si se negaban, abusaba de ellas.

A algunas mujeres las contactaron después de que estas se anunciaran para cuidar niños o limpiar casas y se les ofreció trabajo en una peluquería, diciéndole luego que se trataba de dar masajes eróticos y a las que también se impuso mantener relaciones sexuales con el condenado, también en contra de su voluntad.

Las mujeres estaban retenidas, amenazadas con ocasionarles distintos perjuicios, sin recibir ningún dinero o muy poco. Algunas fueron obligadas a ser grabadas para vídeos pornográficos, se les introdujo objetos por sus partes íntimas a la fuerza.

Otra de las mujeres estaba coaccionada, ya que su hija de tres años acabó viviendo allí en el piso. También ejercieron maltrato contra esta niña. Finalmente, su abuelo, logró sacar de allí a su hija y a su nieta.

La operativa con el resto de las mujeres fue similar, imponiéndoles a todas normas como, por ejemplo, no pasar al salón, porque allí es donde estaba el dinero y muchos móviles. Otras normas eran no salir de la casa, no proporcionándoles llaves de la vivienda, ni teléfono móvil para comunicarse con terceras personas; amenazándolas con contar lo que hacían a sus familias para que no abandonasen el piso ni la actividad.

Los acusados tenían alquilados diversos inmuebles para dedicarlos a tales actividades y los alquilaban sabiendo que no iban a sufragar más que la fianza inicial, señal o primera mensualidad, causando con ello el lógico perjuicio económico a sus propietarios. Así contrataron hasta cinco viviendas en Burgos.

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