Aplazado el juicio contra el ex alcalde de Cardeñadijo a la espera de estudiar nueva documentación

El Juzgado de Instrucción Nº1 de Burgos ha decidido aplazar de nuevo la vista correspondiente al proceso judicial abierto en su día contra el ex alcalde de Cardeñadijo, Alberto Calvo (PP), y tres ex trabajadores del Ayuntamiento (secretario, arquitecto y aparejador), a quienes se les imputan supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Unos delitos por los que la Fiscalía solicita penas de cinco años y seis meses de prisión, así como de seis años de inhabilitación especial para ocupar un cargo público y una sanción económica de 50 euros al día durante seis meses.

La vista, que ya fue aplazada en septiembre del año pasado por incomparecencia de uno de los testigos clave, ha sido suspendida esta mañana a petición de la defensa de los acusados, que ha solicitado más tiempo para estudiar nueva documentación aportada por la otra parte. De momento, el Juzgado no ha puesto fecha para la vista, aunque todo hace indicar que el proceso volverá a verse paralizado durante varios meses.

El caso viene de lejos. Según consta en la denuncia presentada en 2009 por al actual alcaldesa, Daniela Grijalbo (PSOE), el anterior regidor municipal y su equipo de Gobierno entraron en contacto en 2003 la UTE formada por Proycon y Promotora Fuente Catalina para levantar un nuevo polideportivo, un centro de salud y una nueva casa consistorial en el municipio. A cambio, el Ayuntamiento cedió terrenos a la UTE para la construcción de viviendas a través de una permuta que nunca recibió el preceptivo beneplácito de la Diputación de Burgos. Además, la solicitud se realizó una vez tramitada la permuta.

A partir de ahí, y siempre según la denuncia, el trámite administrativo está plagado de irregularidades, incluida la no reclamación a la empresa de los 138.000 euros que en teoría debería haber abonado en concepto de diferencia entre el valor de los terrenos y el valor de las obras a ejecutar. Unas obras que, además, nunc a fueron recepcionadas por parte del Ayuntamiento, al considerar que presentaban numerosas deficiencias en su construcción. De hecho, las tres infraestructuras permanecen hoy cerradas y abandonadas.

A todo ello se le unen otras supuestas irregularidades, como la concesión de dos parcelas no inscritas en el registro o la recalificación de algunos terrenos, motivos todos ellos, según la Fiscalía y el nuevo equipo de Gobierno municipal, como para abrir proceso. Mientras tanto, las defensas de los cuatro acusados, que se personan en la causa de manera independiente, pero coordinada, mantienen la inocencia de sus clientes.

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