La subida del peaje de la AP-6 enciende las alarmas en Ávila

Esta subida no ha sentado nada bien en el seno de las diferentes instituciones abulenses, donde el peaje ya se consideraba como una deuda histórica y un lastre para el desarrollo económico, y las reacciones no se han hecho esperar.

Antes de acabar el año el nuevo partido Por Ávila, que alcanzaba la alcaldía de la capital amurallada en los pasados comicios locales, calificaba de «puñalada trapera» el hecho de que el Gobierno central no sólo no haya puesto fecha a la finalización del peaje sino que, además, haya decidido incrementar su coste. A través de una nota de prensa, la formación amarilla hacía un llamamiento a los abulenses para que se movilicen con el fin de presionar al Ejecutivo.

Desde el Partido Popular también se han posicionado y han registrado una pregunta en el Congreso exigiendo las explicaciones pertinentes sobre la subida, mientras la diputada Alicia García señalaba que «se trata de otro agravio a la ciudad y a la provincia de Ávila, a sus empresas, autónomos, trabajadores y estudiantes».

En la Junta de Castilla y León también existe preocupación y así lo manifestaba el miércoles el consejero de Fomento, Juan Carlos Suarez Quiñones, quien, tras un encuentro con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, mostraba su «total contrariedad» al incremento del coste del transporte por carretera, aseguraba que «estaremos vigilantes con el Gobierno porque no se puede tratar de manera desigual a unos territorios con respecto a otros» y se comprometía a trabajar para la reducción de esos costes.

García, por su parte, indicaba que «no podemos ser ciudadanos de segunda con respecto a otros territorios única y exclusivamente por acuerdos políticos que releguen a Castilla y León y Ávila al olvido por parte del Gobierno», recordando que en las mismas fechas se ha retirado el peaje en otros lugares de España.

Este miércoles se conocía también que Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a que ponga fin cuanto antes a las concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 que conectan las provincias de Ávila y Segovia con Madrid, «con el fin de fijar población y no perjudicar más a los castellanos y leoneses que trabajan en la capital de España».

Con el Gobierno en el punto de mira, desde el Partido Socialista de Ávila han querido recordar que «es un peaje fijado por un gobierno popular». Su secretario provincial, Jesús Caro, aseguraba que «somos presos del acuerdo del peaje que dejó el PP» y pedía que «no se haga demagogia con este asunto» ya que el gobierno del PSOE está cumpliendo con el compromiso de liberar las autopistas cuyos plazos ya vencen, y ese no es el caso abulense.

La polémica resurgió a raíz del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre, por el que «se modifican determinados términos de la concesión administrativa de las autopistas AP-6, AP-51 (AP-6 conexión con Ávila) y AP-61 (AP-6 conexión con Segovia) que ostenta Castellana de Autopistas, S.A., Concesionaria del Estado».

Se esperaba que en esas fechas el Gobierno adoptase una decisión sobre si esta concesión finaliza en 2024 o en 2029 pero el real decreto, firmado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, viene a decir que el peaje debe mantenerse hasta que la empresa concesionaria amortice la inversión realizada, sin señalar plazo alguno.

Las autopistas AP-51 y AP-61 subirán de precio en el 0,84%, pero la AP-6 el doble, el 1,69%, desde 2020 a 2022, por lo que todo apunta a que Ávila tendrá que seguir peleando por una conexión gratuita por carretera con Madrid.