Hasta octubre de 2017, Ana Belén Pintado Lucas solo era una ama de casa que vivía con su marido y sus tres hijos en Campo de Criptana, un pequeño municipio de Ciudad Real conocido por albergar los famosos molinos de viento contra los que luchó ... Don Quijote. Por capricho de la casualidad, y mientras archivaba unos documentos tras el fallecimiento de sus padres, descubrió que no era quien creía ser. Ana Belén tiene una vida hasta los 44 años y otra después. Y en esta vida actual, se le reveló que pertenecía a otra familia, con otros padres, con dos hermanos mayores, sobrinos y una cuñada. Desde entonces ya no es solo Ana Belén, es «la bebé robada». Así se autodenomina ella. Por eso nunca dejará de luchar hasta que consiga llegar al final de su rapto, hasta que salgan a la luz los pormenores de su historia y de todas las de otros niños que también fueron arrebatados de los brazos de sus madres. Unos 300.000 entre 1940 y 1990 según estiman las asociaciones creadas en España para ayudar a estas familias a reencontrarse.
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Ahora, Ana Belén Pintado está más cerca de la verdad después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid que continúe investigando después de que este dispusiese, en noviembre de 2023, el sobreseimiento y archivo de las diligencias del caso.
En aquel entonces, el juez decretó que con la muerte del doctor José María Castillo Díaz, denunciado por Pintado por ser el director de la clínica Santa Cristina de Madrid donde ella había sido robada, se ponía fin al proceso, quedaba prescrito. El auto señalaba, además, que este caso no podía englobarse dentro del delito de detención ilegal, ya que la denunciante nunca estuvo encerrada ni detenida.
«El juez no hizo nada. Tuvo parados los papeles», señala la denunciante indignada, consciente de que su principal lucha es contra el tiempo: «Ya han muerto varios de los implicados, como el doctor Castillo o sor María, pero aún quedan muchos, y las instituciones, que también siguen. Aquí nadie se ha hecho responsable de nada».
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Reconoce que ha tenido suerte, porque casi un año después de aquel mes de octubre de 2017 que le puso la vida patas arriba, y tras una llamada anónima, encontró a su madre. Pilar V. G., natural de la localidad abulense de Lanzahíta, llevaba en su corazón el peso de haber perdido a su hija recién nacida. Fue el 10 de julio de 1973. Un día antes había ingresado en la clínica Santa Cristina de Madrid. Tras el parto llegó a ver a su bebé, pero poco después le dijeron que había muerto. Por eso nunca llegó a buscarla, y cuando Ana Belén la llamó para decirle que creía que era su hija, ella colgó. Era imposible. Pero volvieron a contactar, y se conocieron en persona. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ellas ya sabían, que eran madre e hija. «He tenido suerte», señala, «porque conseguí encontrarlos, pero me han privado de todos estos años con ellos. De haber tenido a mi familia, de haber estado más con mi padre, que falleció en agosto por un cáncer».
Pintado cambió de abogada y volvió a la carga. Apoyada por la Fiscalía, presentó un recurso contra el auto del Juzgado número 10. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón y dispone la reapertura del proceso para que se continúe investigando quién está detrás de este delito. En su escrito, señala que el comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición forzada presentó un informe en 2010 en el que reclamaba a las autoridades del Estado español que «intensifiquen sus esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad». El tribunal madrileño añade que la falta de investigación «puede impedir el descubrimiento de pruebas importantes y comprometer la búsqueda de la verdad, un derecho fundamental que también recoge el dictamen de la ONU al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos organismos van más lejos, ya que resaltan ese derecho no solo para las víctimas, sino también de la comunidad «en cuanto al derecho a conocer las circunstancias de las violaciones graves de los derechos humanos con consecuencias sobre la sociedad general, tal y como sucede con este caso que enmarca en el fenómenos de la sustracción de recién nacidos que se produjo en España durante el franquismo».
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La Audiencia Provincial tampoco está de acuerdo con que un bebé robado no sea una detención ilegal, ya que aunque Ana Belén Pintado nunca estuvo encerrada ni detenida, sí que fue apartada de su entorno familiar, lo que quebrantaba la relación de custodia.
Ahora, la «bebé robada» de Campo de Criptana tiene claro que luchará al final. «Vamos a llegar hasta donde podamos, por mí y por mi madre, y por ayudar a todos los casos que existen como el mío», garantiza.
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Es consciente de que existen más personas como ella, que tal vez nunca conozcan su identidad o que temen posibles represalias de sus familiares. A todos ellos les aconseja que pierdan el miedo, y que ante cualquier sospecha «busquen, busquen y busquen. Siempre hay que intentar alcanzar la verdad y conocer quiénes somos. Tal vez alguien les esté buscando».
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