La reforma de delegaciones territoriales «no atiende a mapas, sino a personas»

La primera reunión mensual de la comisión de delegados territoriales de la Junta se ha celebrado en Ávila, con la presencia del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez López y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

La nueva ordenación del territorio que divide Ávila en 21 unidades, ha sido tratada como «el camino del futuro para Castilla y León», como ha dicho el vicepresidente de la Junta. Lo ha calificado como medio para asegurar servicios mínimos propios de la entidad, como Sanidad, Educación o Servicios Sociales.

La Junta aprobó hace poco el proyecto de ordenación del territorio, en el que llevan trabajando seis años, ya enviado a las Cortes. «Los Servicios Centrales ya fueron reformados, es el turno de los periféricos y el proyecto está muy avanzado», ha explicado José Antonio de Santiago-Juárez.

El vicepresidente ha informado de que con la nueva ordenación se persiguen varias cosas: avanzar en el modelo («cuando se apruebe no será necesaria otra regulación»), garantizar los servicios esenciales en el ámbito rural y que las medidas no escritas ahora consten en la ley. Ha recordado que hay otros servicios que prestan los municipios, como el de limpieza, recogida de residuos, o mantenimiento de calles, señalando que «cuanto más pequeño es el municipio más dificultades hay para ofrecer servicios». En casos como éste, la ley les da a los ciudadanos una herramienta para que voluntariamente se asocien, porque «la unión hace la fuerza».

En cuanto a los tintes geográficos de la nueva división, José Antonio de Santiago-Juárez ha sido contundente: «la ordenación no persigue dibujar mapas, lo importante son las personas». Ha querido destacar especialmente a los habitantes del medio rural, tan relevante en la provincia abulense.

La intervención de Alicia García, consejera de la Junta de Castilla y León de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha servido para acentuar las actuaciones más recientes de su área.

Entre otros asuntos, se ha repasado la Ley de Dependencia. Se han estudiado los datos publicados en diciembre por el IMSERSO, en los que «Castilla y León se posiciona favorablemente como una Comunidad que gestiona bien la dependencia». Según la consejera, ha sido "la única que ha cumplido con el compromiso de integrar a los dependientes moderados". Se ha ofrecido una cobertura de atención que supera el 90%, cuando la media de las otras Comunidades no alcanza el 80%.

Ha afirmado que se ha logrado atender a un 37% más de personas dependientes, «con un esfuerzo enorme de presupuesto y personal en el caso de los profesionales».

Entre los objetivos alcanzados también ha mencionado las mejoras a la Red de protección a las personas y a las familias, creada en 2013 y que ha beneficiado a 150.000 personas en riesgo y/o vulnerables al año. Se ha reforzado la renta garantizada de ciudadanía y se ha aprobado un plan de inserción socio-laboral en diciembre, que entrará en funcionamiento «para que nadie quede atrás» en épocas de crecimiento económico.

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