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Fernando G. Muriel
Martes, 15 de septiembre 2015, 19:23
Una joven arevalense, Diana Carrasco, ha lanzado una campaña que bajo el nombre Arévalo por una ciudad más limpia y amiga de las mascotas con la que se pretende que el Ayuntamiento ponga las medidas necesarias para que se pueda cumplir la ordenanza municipal que regula la convivencia entre animales de compañía y vecinos que presentarán bara su debate en el próximo Pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Arévalo.
Carrasco recuerda que en la ordenanza municipal que publicó el consistorio de Arévalo se recogía que la administración local habilitaría zonas para los animales en la ciudad, pero hasta el momento los lugares destinados a las mascotas «son escasos». Mantiene que desde el Ayuntamiento no deberían excusarse en una falta de presupuesto pues existe un impuesto adicional que pagan los propietarios de los perros empadronados en Arévalo que se debería destinar a estas necesidades.
Requieren que el propio consistorio cumpla con la ordenanza ya que en la actualidad no existe ninguna zona autorizada, identificada o equipada para tal fin en ningún punto del casco urbano de Arévalo. Sí las hubo anteriormente, conocidas como «pipicanes» pero fueron retiradas, por razones obvias de salubridad, ya que este sistema incumple las medidas higiénico-sanitarias. Además de lo citado, existe una carencia en la equipamiento de mobiliario urbano destinado a mantener las calles limpias, especialmente en las zonas más transitadas para el paseo, con o sin mascotas, hay una falta total de papeleras.
Considera que la tasa que municipio impone a los propietarios de los perros debería servir para supuestamente para llevar un control sanitario de la población canina y no como ocurre en la actualidad que los firmantes de esta propuesta de Diana Carrasco la pueden considerar como meramente recaudatoria ya que es de carácter dudoso el objeto de la misma pues no hay ninguna transparencia en qué controles sanitarios o de población actual de canes justifican dicha recaudación.
Carrasco también afirma en el escrito, a través de los datos recogidos por la clínica veterinaria Tierra de Arévalo, que se ha incrementado el número de casos de perros envenenados en la ciudad, lo que supone un delito contra la salubridad pública y los derechos de los animales. De esta forma exigen al Ayuntamiento que investigue y en su caso sancione este tipo infracciones.
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