Las calles sin casas del pinar de Villanueva de Gómez

La crisis fue un lastre, pero fue la justicia la que se encargó de dar la puntilla al proyecto urbanístico más importante de Castilla y León de los últimos años y que hubiera supuesto un impulso económico sin precedentes para la comarca abulense de La Moraña. La inversión prevista para construir un complejo con licencia para unas 7.500 viviendas, tres campos de golf y un club hípico en el término de Villanueva de Gómez, habría superado los 900 millones de euros, en un proyecto que estaba previsto que culminara en 2020.

Ahora, ocho años después del inicio de las obras de este macrocomplejo, la maleza escolta los 20 kilómetros de viales que se construyeron en medio de un pinar situado al lado del río Adaja, con sus respectivas aceras embaldosadas, en las que van asomando los pimpollos, mientras que las dos gigantescas balsas de almacenamiento de agua se han convertido en un paraíso artificial para los patos.

En total, son unos 27 millones de euros -sumando los trabajos realizados, los avales y la elaboración de los proyectos- los que esperan que algún día se retome el complejo, algo que, hoy por hoy, resulta poco más que un sueño para los vecinos de Villanueva de Gómez.

El director de desarrollo de Inveralde, sociedad creada por la empresa riojana Urbanizadora XXI para desarrollar este proyecto, Gonzalo Bartolomé, asegura que la financiación no es un problema ya que los fondos de inversión mantienen su interés en el proyecto. «Mientras que en Madrid existan casi 90.000 licencias de golf y solo en un día pueden practicar este deporte unas 18.000 personas, este proyecto continuará siendo interesante», asevera.

En 2006 comenzó la construcción de los viales de la urbanización y de la red de saneamiento, incluidas dos enormes balsas en las que se acumularía el agua depurada que luego se utilizaría para regar los campos del golf. Entonces, la denominada urbanización La Favera recibía el apoyo unánime de todos los alcaldes de la comarca, independientemente de su color político, así como de la Diputación Provincial y de la Junta.

En principio, las únicas voces críticas que entonces se levantaron procedían de algunos sectores del PSOE, que recordaba que años antes la Junta había calificado de «atentado ecológico» la construcción de un campo de golf en la continuidad de este pinar, en el término municipal de Arévalo. Los socialistas denunciaron que el problema no era medioambiental y que la oposición de la Junta se debió a que entonces el Consistorio arevalense estaba gobernado por un alcalde del PSOE.

Presión ecologista

A estas voces críticas se unió la presión de grupos ecologistas que además de denunciar la tala de cientos de pinos para ejecutar los viales, también aseguraron que en esa parte del pinar anidaba una pareja de águila imperial. Así, tres años después del inicio de los trabajos, y tras la denuncias de grupos ecologistas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ordenó la paralización cautelar de las obras, algo que días antes había desestimado el Juzgado de Arévalo, donde SEO presentó una denuncia vía penal.

José Martín, alcalde popular de Villanueva de Gómez desde 1999 a 2011, asegura que «exactamente» no sabe de qué se les acusa. El regidor recuerda que los terrenos fueron declarados urbanizables en 1980. Diez años más tarde, los pinares, propiedad de Unión Resinera, unas 800 hectáreas, fueron adquiridos por una empresa salmantina que entre 1999 y 2004 inició los trámites para construir una urbanización. Antes de su venta a Inveralde en 2004, la empresa salmantina logró una concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica y que tanto la Comisión Territorial de Urbanismo, como la de Medio Ambiente, dieron el visto bueno al sistema general de viales y al sector tres.

Tras la compra por parte de Inveralde, esta empresa continuó con el proyecto y comenzó a comprar las fincas situadas al lado de las que en su día fueron propiedad de Unión Resinera. «Desde el Ayuntamiento no se recalificó ningún metro cuadrado de terreno, y la única licencia de obras que se otorgó fue la de ejecutar los viales, después del visto bueno correspondiente por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo», recuerda José Martín.

Juicio paralelo

El regidor tiene claro que fueron «sometidos a un juicio paralelo por algunos medios». «Por desgracia, en nuestro país las palabras urbanizaciones y especulación se convirtieron en sinónimos, aunque en nuestro caso todos los trámites se realizaron conforme a la ley, con transparencia. Hasta que no saltó el caso de las Navas del Marqués nadie se preocupó de nosotros».

Tras la paralización cautelar de las obras, dictada en junio de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso de Ávila, el mismo tribunal ordenaba un año después el «desmantelamiento de las obras realizadas» y planteaba una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la modificación puntual de las normas subsidiarias municipales que aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila en el año 2001.

Esta sentencia fue ratificada en parte 2011 por el TJSCyL, asegurando que la causa de nulidad es la vulneración del procedimiento legalmente establecido. El tribunal consideró que el expediente administrativo fue erróneo, argumentando que «el procedimiento que se debió seguir es el de aprobación de los planes de desarrollo urbanístico previstos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por lo que la causa de nulidad es total y absoluta, faltando todo el trámite procedimental establecido». Pero a su vez, y sobre la posible ilegalidad de las normas subsidiarias, indica que no se podía pronunciar y recomendaba iniciar un nuevo proceso jurídico sobre esta cuestión en particular.

Si por la vía contenciosa el caso está cerrado, por la vía penal el último pronunciamiento judicial del caso se produjo el pasado día 30 de enero, cuando la Audiencia Provincial de Ávila anunció la desestimación de los recursos del exalcalde de Villanueva de Gómez, los promotores y el arquitecto del proyecto, abriendo la puerta a que sean juzgados por delitos urbanísticos, concretamente el alcalde podría ser acusado en el juicio de prevaricación y el resto de acusados de un delito contra la ordenación del territorio.