José Antonio Santano

Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible

«El reto que tenemos en el transporte público, más que el precio, es la calidad»

-¿Cuándo veremos la puesta en marcha de esta nueva Ley de Movilidad Sostenible y, sobre todo, cuándo notará la ciudadanía sus primeros efectos?

-Queremos que esté aprobada a finales de 2024 y, en marcha a principios del siguiente, en 2025. Esta es una ley que va a suponer un cambio muy importante en el paradigma de la movilidad y una palanca para transformar este país. También es compleja y, como todo cambio, requiere un tiempo. El texto que se aprobará fija un marco regulatorio que deberá ser desarrollado después por vía reglamentaria. Este año trabajaremos en esto último para que algunos elementos estén preparados y los pueda aprobar el gobierno inmediatamente después de aprobar la ley. Por tanto, los primeros efectos se tienen que empezar a notar claramente en la segunda segunda mitad del año 2025. De cualquier forma, el hecho de aprobar una Ley de Movilidad Sostenible ya es en sí mismo un mensaje a la sociedad.

¿En qué área de las muchas que abarca esta nueva norma se va a poner más empeño?

-En primer lugar, la incorporación de la movilidad sostenible como un derecho. Este reconocimiento tiene un primer efecto. Nos gustaría que a futuro formara parte de los pilares del Estado del Bienestar porque este derecho también garantiza la igualdad de oportunidades. Estoy pensando, no solo en las ciudades, sino en la España despoblada. Tener acceso a una movilidad bien conectada, multimodal, segura y de calidad va a ser importante. Pero yo creo que se va a notar sobre todo en el sistema de financiación del transporte urbano y metropolitano que vamos a objetivar. Lo vamos a homogeneizar, le vamos a dar estabilidad para que el municipio, el área metropolitana, sepa con perspectiva de futuro cuál va a ser su financiación.

-La ley prevé articular esta financiación a través de subvenciones. ¿A qué podrán destinarse?

-Nuestro objetivo no es financiar déficit; lo que queremos es que mejore la calidad. Vamos a financiar una parte de los costes, pero sobre todo pensando en mejoras de servicio para atender la demanda. También inversiones, sobre todo en materia de digitalización y de innovación. También vamos a crear un espacio integrado de datos de la movilidad. Habrá un acceso a información que ahora no existe o no está completa. Esta información será buena para la Administración porque permitirá tener datos fiables, por ejemplo, para la financiación de municipios. Va ser también muy importante para las empresas porque tendrá herramientas para mejorar servicios, para innovar y para para ofrecer mejoras al cliente. Y, por último, lo será para el ciudadano porque le permitirá valorar todas las ofertas y las oportunidades de multimodalidad y planificar así mejor sus desplazamientos.

-¿Estas subvenciones pueden ser destinadas a la rebaja final del billete del transporte público?

-Ese no es nuestro objetivo. Esas son decisiones que toman los municipios, no nosotros. Nosotros queremos dar una financiación homogénea y poner el acento en la mejora del servicio. A partir de ahí, el efecto que eso tenga en el precio, serán decisiones que tomarán las entidades locales, que son autónomas. No debo meterme en ese terreno.

-Entonces sí que podrían tomar estas decisiones...

-Un buen sistema de financiación, sobre todo con criterios claros, predecible y estable, va a ayudar a mejorar el transporte y, seguramente, también a fijar una política de precios mejor. Aunque el reto que tiene el transporte público sobre todo es la mejora de la calidad: mejorar frecuencias, dar un buen servicio al cliente, saber dónde está la demanda y adaptar la oferta a ella. Buena conectividad, multimodalidad... El precio es otra discusión y otra cuestión es que de cara al futuro tendremos que ver qué colectivos tienen que tener bonificaciones o mejoras. Pero yo creo, de verdad, que el reto que tenemos es el transporte público, más que el precio, es el de la calidad.

-La herramienta de los peajes en las ciudades saturadas de tráfico es novedoso y dará que hablar. ¿En qué ciudades lo ve necesario?

-La ley establece la posibilidad de que cada ayuntamiento establezca una tasa para el acceso de determinados vehículos a la zona de bajas emisiones. No apunto ninguna ciudad porque es un terreno que no me corresponde. Pero sí diré que se ha incluido en la ley porque algunos ayuntamientos consideraron que era necesario. Y como la ley no te obliga, sino que te da la posibilidad, me parece lo más razonable. En general es una ley que da herramientas a empresas, viajeros, ayuntamientos y áreas metropolitanas para mejorar y avanzar en un buen servicio de transporte.

-¿Servirá la ley de paraguas para impedir que se destruyan carriles bicis como ha ocurrido en municipios gobernados por el PP y Vox?

-Entre los criterios que establezca la ley para dar ayudas, un elemento importante va a ser que la política de movilidad sostenible del municipio avance, no retroceda. Si estamos hablando de fomentar la movilidad sostenible, y un municipio, cualquiera que fuera, tomara medidas en la dirección contraria, pues evidentemente un Gobierno que quiera aprobar una política de ayudas lo va a tener en cuenta. Eso es indiscutible.

-Las empresas y la movilidad de los trabajadores es otra de las grandes apuestas del nuevo texto. ¿Van a ser muy exigentes con los planes que deberán presentar las corporaciones?

-Deberán tener un plan y ese plan deberá tener medidas concretas. Nuestra intención no es imponer un determinado tipo de medidas. La ley no es de esa naturaleza, sino que lo que debe es fijar es un marco regulatorio y dar herramientas para avanzar en esa dirección. Pero el hecho de tener que formular un plan de movilidad sostenible ya dice mucho: te obliga a hacer un análisis de la movilidad de tus trabajadores y a tomar iniciativas y a poner en marcha iniciativas que favorezcan esa movilidad sostenible y pueden ser de muy diverso tipo. La ley no entra hasta el detalle, pero establece esta obligatoriedad y eso ya significa un análisis y un debate que debe producirse dentro de la empresa y con los trabajadores. Hay que verlo como una herramienta, una oportunidad. Es una obligación pero con con contenido abierto. Eso sí, en clave de movilidad sostenible, claro.

-¿Habrá sanciones para los díscolos?

-La ley no tiene esta voluntad; no está pensada para la sanción. Establece un régimen sancionador muy breve que no tiene mucho alcance porque realmente busca, como te decía, ofrecer herramientas, dar oportunidades, abrir caminos.

-¿Tiene catado el espíritu del empresariado en este sentido?

-Cualquier empresa con ese volumen de trabajadores (a partir de 500 en el centro de trabajo) debería tener interés en la movilidad de su de sus empleados y empleadas en clave sostenible; hablarla y ver en cada caso las soluciones. Nosotros no imponemos ningún modo concreto, pero sí establecemos la obligatoriedad de hacer análisis, pensarlo y de medirlo, seguirlo y de ofrecer medidas. Yo creo que muchas de las empresas grandes están pensando en esa clave. Y si no lo hacen, pues esta ley les va a invitar a hacer esta reflexión y a tomar medidas, porque tienen que tener ese plan.

-El sector público también estará obligado...

-También nos afecta y también tenemos nuestros retos. Es decir, aquí no se trata de todos. Todos se verán afectados y por supuesto que las empresas públicas, las primeras.

-La ley habla también de incentivar el uso de vehículos que contribuyan a reducir gases de efecto invernadero. ¿Serán más ayudas o cómo se articulará?

-Puede tener muchas vertientes. Ahora mismo la ley no entra ahí. Sí que habla de incentivar pero habrá que ver de qué modo, en cada momento, la mejor manera de incentivar. Igual el coche compartido... Hay muchas maneras.

-Pensaba que se referían a ayudas para comprar coches eléctricos. ¿No ven en ellos la única solución?

-Un buen transporte sostenible, primero es multimodal, es decir, que no solo se basa en uno u otro medio, sino que es la combinación de todos. Tenemos que aprovechar las infraestructuras que tenemos y después cada sector y cada modo de transporte tendrán un ritmo de evolución diferente. Todas las medidas que se vayan desarrollando en función de los distintos sectores (particulares, marítimo, aviación, vehículos pesados, etc.) van a ser necesarias para llegar al objetivo final. Pero llevará tiempo.

-¿Va a ser España tan exigente como lo es la Unión Europea en esta materia?

-Nosotros contribuimos a la toma de esta decisión. A veces parece que Europa es algo ajeno a nosotros, pero cuando se juntan los ministros, cuando se toman decisiones en el ámbito europeo, somos todos nosotros, los países que lo integramos, los que unidos contribuimos a esa decisión. Y una vez que se toma claro que estamos obligados a cumplirla. Y, por ejemplo, esta Ley de Movilidad Sostenible es una de las obligaciones que habíamos asumido.