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El coronavirus dejó en Castilla y León 20.827 fallecidos. Es la cifra oficial de esquelas que reconoce la Junta de Castilla y León. Ese ... batallón de ausencias basta por sí solo para no olvidar una pandemia de la que sería conveniente sacar lecciones.
A esos 20.827 familiares, amigos y vecinos que engrosan el balance de mortalidad de la covid-19 (seguro que todos podemos poner un nombre, evocar el rostro de algún fallecido) hay que añadir otras personas con enfermedades graves que no se pudieron tratar a tiempo. Tampoco merece caer en el olvido el sufrimiento del personal sanitario, de las víctimas que murieron en soledad y de los allegados que vivieron el trance desde la impotencia y la desazón de la distancia. El virus colapsó hospitales, asoló residencias de mayores en las primeras semanas y frenó en seco la economía.
Se cumplen cinco años del confinamiento y, de vuelta a la normalidad de las cosas intrascendentes, parece que hubiera pasado un siglo. En la memoria colectiva tiende a instalarse una bruma similar a la que sufren pacientes que aún arrastran lagunas en sus recuerdos provocadas por el síndrome postcovid o el covid persistente. Una nebulosa que lleva incluso a una experta, como lo es la ya exdirectora de Salud Pública, Sonia Tamames, a tildar la pandemia como algo «no tan grave».
Este virus lo gestionó en primera línea en Castilla y León una consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la que se despachó en medio de la sexta ola de la pandemia para convocar elecciones sin la mínima humanidad y con nula educación. La política tiene esas cosas. Casado dio la cara –junto al entonces vicepresidente Francisco Igea– a diario en los primeros meses para informar de medidas y cribados, justificar restricciones, disculparse por los errores y dar el pésame de cada jornada por la cascada de fallecidos que iba dejando el virus en una comunidad que activó compras de material, aprendió a ampliar y replegar las Unidades de Cuidados Intensivos y reforzó el acceso a los datos y la transparencia pública.
También con resbalones de la coalición PP-Cs, como el endurecimiento del toque de queda al 'ocaso' de la tarde, en el inicio de 2021. O el haber aprovechado los contratos de urgencia para encargar sondeos políticos con valoración de medidas y preguntando a quién habían votado los encuestados.
Castilla y León, a diferencia de otras, supo retornar a las aulas presenciales en bloque y eso fue mérito de la coordinación entre Sanidad y Educación, con Rocío Lucas (PP) en esta consejería.
La Junta, no como el Gobierno central, sí tenía un grupo de expertos. Personas identificadas y de currículum contrastado que daban la cara por las medidas que planteaban, a veces impopulares. De esos expertos se prescindió sin agradecimiento alguno cuando en la Navidad de 2021 el presidente Alfonso Fernández Mañueco adelantó las urnas. El último acta de las reuniones de ese comité, la número 25, quedó ya sin aprobar con el actual consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.
La incidencia de contagios superaba en esos momentos el riesgo muy alto en la comunidad -extremo entre los mayores de 65 años- y los expertos planteaban el cierre de barras hosteleras, limitar a la una de la madrugada el ocio y, en puertas de la Navidad, evitar reuniones. Había 448 hospitalizados en planta y 107 personas en UCI, pacientes afectados por una variante que aceleraba el empeoramiento.
Esta semana, en las Cortes, el presidente de la Junta afeaba al PSOE haber promovido una moción de censura en mitad de la pandemia, en marzo de 2021. Nueve meses después Mañueco, con la sexta ola cogiendo brío, cesó vía 'twitter' a los consejeros de Cs y convocó elecciones anticipadas. La primera semana de enero de 2022, con los partidos preparando candidaturas, hubo en Castilla y León 44.742 contagios y 64 fallecidos por covid. Son detalles que el tiempo va difuminando, pero los datos oficiales ahí están.
Y la próxima pandemia, ojalá tarde, podría pillarnos sin ley estatal que evite el pifostio autonómico de medidas dispares que vivimos con la covid.
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