Pueblos con sensores inteligentes en su día a día

a Casa Consistorial preside la Plaza Mayor del pueblo. Con su balcón, sus banderas, sus puertas abiertas cada mañana si el municipio tiene personal suficiente o en días alternos o por horas si el secretario es compartido en aquellas localidades con menos presupuesto. Parece que nada cambia. Pero sí. El Bando de Alcaldía tradicional pervive, pero los vecinos se informan de las cosas municipales a través de una aplicación en el móvil, de redes sociales o de un grupos de difusión en whatsapp. Son modos nuevos de comunicación que ha acelerado la pandemia de la covid-19.

Es un ejemplo de los cambios sustanciales que han vivido las administraciones locales en su relación con los administrados, impulsados por la irrupción de las nuevas tecnologías y la extensión progresiva de Internet a velocidades de calidad. En los ayuntamientos se ha generalizado la firma electrónica entre los ediles, lo que facilita las labor administrativa en consistorios con regidores no profesionalizados, que son mayoría, y un modelo de poblamiento que conforma un mapa autonómico muy fragmentado, con 2.248 municipios y 2.227 entidades locales menores en forma de pedanías, juntas vecinales... Es lo que se conoce como e-administración, que no es patrimonio exclusivo de las ciudades o de entidades potentes, como la Junta.

Y esa administración electrónica, de registros interconectados a través de la red, va en paralelo a la digitalización aplicada a la prestación de servicios, que empieza a ser una realidad fuera de las capitales y la cabeceras de comarca, en municipios de tamaño modesto, que son batallón en Castilla y León.

¿Puede el conductor del camión de recogida de residuos saber si el próximo contenedor está lleno y es urgente vaciarlo o está casi vacío y el desvío hasta ese emplazamiento puede esperar a la siguiente ruta? Sí, lo sabe en los pueblos que se han acogido al programa que la Junta desarrolla bajo la denominación de Territorio Rural Inteligente y que han instalado sensores en los contenedores.

Este proyecto lo gestiona la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en colaboración con las nueve diputaciones, que hacen las veces de antenas de difusión respecto a los municipios de la comunidad. «El objetivo es realizar una gestión inteligente de servicios públicos mediante sensores de Internet de las cosas», explican desde la consejería que dirige María González Corral. En el horizonte de este programa, el objetivo es ampliar la red de sensores hasta llegar a los 2.000 elementos instalados, con una inversión que supera 2,8 millones de euros. Se suman estos dispositivos a los de iniciativa impulsadas desde algunas diputaciones.

¿En qué se puede aplicar esta tecnología? En los sistemas de riego, abastecimiento, saneamiento o depósitos de agua potable, en el alumbrado público o en la recogida de residuos urbanos. También en otros ámbitos como los silos de sal o la detección de hielo en las carreteras, en las redes de calor que se alimentan de biomasa, en los aparcamientos, el nivel del cauce de un río a su paso bajo los puentes, la calidad del aire que respiran los escolares en centros educativos, por ejemplo de Ponferrada, o el control del gasto en iluminación y calefacción o refrigeración en edificios públicos. En este último ámbito impulsa un programa la Diputación de Valladolid en colaboración con la Junta.

En este momento hay 1.040 contenedores de recogida selectiva de residuos sensorizados: 491 son de vidrio, 3.665 de envases, 149 de papel y 35 de desechos orgánicos. SOn datos facilitados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

Se están instalando sensores para controlar la turbidez del agua en potabilizadoras y la demanda química de oxígeno en depuradoras o para medir el aforo en depósitos; para disponer de datos de silos con sales para combatir hielo y nieve en el asfalto o para chequear el estado de monumentos como el castillo de Peñafiel o la villa romana palentina de La Olmeda; para gestionar aparcamientos en Salamanca o controlar el alumbrado público, entre otros campos.

2,8 millones de euros es el presupuesto que la Junta reserva en 2023 para desplegar sensores Es una iniciativa de la Junta, que se despliega en colaboración con las Diputaciones y financiada con fondos procedentes de la Unión Europea de los programas Interreg (de colaboración transfronteriza en este caso entre España y Portugal), React-UE y FEDER.

La alcaldesa de Torrelobatón, Natividad Casares, pone la mirada en ese escalón próximo de los edificios inteligentes. Lo hace desde la experiencia. En este municipio vallisoletano han instalado sensores en el depósito de agua potable y en la piscina municipal que permiten tomar decisiones con información que llega a sus manos a través de una aplicación del teléfono móvil. La regidora se muestra encantada con el resultado. «Lo vimos y apostamos por ello», explica Casares.

Esos sensores permiten conocer el volumen de agua disponible en el depósito que abastece al pueblo, además de la cantidad que sale del aljibe, y reajustar las dosis del clorador. Y en la piscina de Torrelobatón, mediante sensores se analiza el 'ph', el cloro, la turbidez y la temperatura del agua en la que se zambullen los bañista. Información accesible en tiempo real para los usuarios a través de una pantalla. «Se instalaron los sensores en la piscina a finales del verano de 2021 y ha sido este verano cuando hemos constatado su valía», remarca la alcaldesa.

«Un tema importante para mí es el de los edificios inteligentes, controlar tanto la luz como la calefacción», avanza Natividad Casares que enumera los que dependen de la gestión municipal, desde la casa consistorial al consultorio, pasando por el centro de convivencia o el castillo de la localidad o la escuela. La gestión del cole es compartida con la Consejería de Educación, pero la calefacción la paga el Ayuntamiento.

El desarrollo sobre el terreno de esa gestión digitalizada es posible gracias a una plataforma que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital pone al servicio de diputaciones y ayuntamientos. Esta plataforma permite conocer la situación puntual, del momento, y generar alertas si algún valor se sale del carril, pero también ofrece un histórico del funcionamiento que facilita la organización de los servicios si hay momentos de picos estacionales.

La plataforma permite la gestión sin depender de terceros y sin coste de uso y mantenimiento para los municipios. «Es una ventaja, porque ahorra ese coste a los ayuntamientos», inciden desde la consejería. A esa 'hucha' se suma la factura del combustible que no se emplea en desplazar el camión hasta un contenedor que no está lleno o el tiempo en ir y venir hasta el depósito del agua para comprobar físicamente niveles de clorado y de llenado.

«Este programa se centra en la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de los servicios que las entidades locales prestan a sus ciudadanos y el ahorro de costes en su gestión, lo que redunda, de forma directa, en una mejora de su calidad de vida, sostenibilidad y favorece la fijación de población en municipios», valoró en las Cortes la consejera María González Corral en la comparecencia para explicar las partidas del presupuesto que prevé gestiona en 2023.

Zamora ha sido una provincia pionera en colocar sensores en contenedores de vidrio en pueblos pequeños. «Reciclar están muy bien, pero el servicio debe ser sostenible. No podemos hacer rutas fijas con localidades de 40 habitantes. El sensor nos avisa cuando el contendero está al 80% y vamos a recogerlo», explica Javier Faúndez, vicepresidente 3º de la Diputación de Zamora, diputado de Obras y Medio Ambiente y presidente del consorcio de residuos. Empezaron la instalación de esta tecnología en solitario y ahora dan un empujón al despliegue con el programa de la Junta.Los sensores marcan el llenado y la temperatura interior, dato que permite prevenir incendios en verano. La experiencia constata su efectividad con el vidrio, que no es tal con el cartón o los envases. «Una caja voluminosa que cae mal puede llegar al sensor y marcar un falso llenado», apunta Faúndez.

El Consorcio Provincial de Zamora tiene 287 sensores instalados en contenedores de localidades alejadas del centro de recogida. La utilización de sensores en la gestión cotidiana implica avanzar un escalón en el uso de unas tecnología de las información y la comunicación que se han centrado en estos años de atrás en implantar la administración electrónica, con registros unificados y trámites y solicitudes que se gestionan vía internet, y en avanzar en el margen de mejora de esta e-administración que iba sacando a la luz la experiencia. Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo y diputado responsable del área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Diputación de Valladolid resalta el «revulsivo» que ha supuesto la normalización de la firma digital en la labor que desarrollan los alcaldes para la gestión cotidiana del Ayuntamiento.

A todo ello dio un impulso la pandemia, con la etapa de confinamiento y las limitaciones a la atención presencial. Se normalizaron las reuniones oficiales telemáticas, desde consejo de gobierno autonómicos a plenos en diputaciones y municipios. Las imágenes de encuentros plasmadas en una pantalla cuarteada con las fotos de los participantes fueron posible gracias a internet y a las tecnologías de la comunicación. Un uso impensable hace unos años.

En la Junta de Castilla y León, primera empresa de la comunidad por volumen de trabajadores, el teletrabajo obligado se plasmó en que, de un día para otro, los alrededor de 300 teletrabajadores con esa jornada autorizada se transformaran en más de 8.000 empleados con posibilidad de trabajar en remoto, desde su casa. Y ese movimiento se vivió también en los ayuntamientos.

Para que avance la digitalización es necesario un conexión de calidad. 108 millones de euros es la última partida aprobada por el Gobierno de España para desplegar la tecnología 5G en Castilla y León. Uno de cada cuatro euros de los 450 millones del programa estatal UNICO Redes 5G para dotar de conexión de retorno (backhaul) mediante fibra óptica a los emplazamientos de redes de telefonía móvil situados en entornos rurales de menos de 5.000 habitantes llegará a Castilla y León. «Este Gobierno de España llevará también la banda ancha al cien por cien de la población de Castilla y León en los próximos tres años para que puedan tener internet ultrarrápido vivan donde vivan antes de 2025», valoró Virginia Barcones, delegada del Ejecutivo que preside Sánchez.

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