Los 2.206 jueces de paz de la región se quedan fuera del nuevo mapa

El Gobierno ha expulsado de su nuevo diseño de la Administración de Justicia, «para adaptar sus estructuras al siglo XXI», a los 2.206 'hombres buenos' de Castilla y León. El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que ayer presentó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón tras ser aprobado el informe por el Consejo de Ministros, manda a su casa a los históricos jueces de paz y deja las sedes de los Juzgados de Paz como puntos de apoyo y conexión con los terminales de los Registros Civiles.

La extinción de los jueces de paz con la nueva Ley de Planta (que es el siguiente paso) fue pronosticada en enero del pasado año por los expertos juristas que participaron en la primera edición del Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, quienes coincidieron en que la Justicia de Paz no tiene cabida cuando se precisa una especialización y profesionalización de los jueces y en un tiempo en el que cada euro cuenta. En la comunidad de Castilla y León, que tiene 42 partidos judiciales, junto a estos 2.206 jueces de paz hay 156 agrupaciones de Juzgados de Paz, 102 pertenecen a la Gerencia de Valladolid y otras 54, a la de Burgos. En ellas trabajan 312 profesionales de la Administración de Justicia, secretarios y auxiliares. Las dos gerencias se gastan al año, en total, 1,3 millones de euros en retribuir a los jueces de paz, a lo que hay que sumar las subvenciones del Ministerio de Justicia a los Ayuntamientos, que va en función de la población de los municipios. La suma asciende a unos 2,1 millones de euros al año. Ello sin contar los sueldos y dietas por traslado de los funcionarios. En total, según los cálculos del realizados por el Tribunal Superior de Justicia, mantener la Justicia de Paz en Castilla y León le viene costando al Estado, por término medio, unos 14 millones de euros al año.

Adiós a las Audiencias

Con el ahorro que supondrá su supresión, se pretende invertir en las nuevas unidades judiciales, donde los tribunales de instancia en las capitales de provincia sustituirán a los actuales jueces unipersonales y realizarán las funciones que llevan hoy las audiencias provinciales, que también desaparecen, mientras que el TSJ amplíará sus atribuciones.

Partidos judiciales

La creación de los tribunales provinciales de instancia implica eliminar los partidos judiciales aunque, se insiste desde el Ministerio, «se mantienen todas las sedes para optimizar los recursos». Los tribunales aglutinarán los juzgados bajo la fórmula de unidades judiciales y asumirán las funciones de las audiencias en cuatro salas (civil, penal, contenciosa y social). El TSJ seguirá siendo el órgano judicial autonómico y se mantendrá la doble sede en Burgos y Valladolid. Esta estructura se supeditará a la Ley de Demarcación y Planta. La Junta de Castilla y León tendrá un año desde que entre en vigor la Ley para remitir al Gobierno su propuesta de organización.