La moción contra la reforma local del Gobierno prospera en el 57% de los ayuntamientos que la han debatido en pleno

La moción promovida por el PSOE en todos los ayuntamientos de la provincia y en la capital para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma local del Gobierno ha salido adelante con el apoyo del 57,14% de las corporaciones que la han debatido. Así, la moción que se unirá a las del resto de ayuntamientos de España para que el Tribunal Constitucional tumbe la reforma local de Montoro ha sido debatida en 42 ayuntamientos de la provincia y ha sido votada a favor en 24, un resultado «satisfactorio» para el secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, quien explica la dificultad que ha supuesto convocar plenos en municipios pequeños, porque el plazo para celebrarlos era muy corto (termina el 30 de marzo), o en aquellos donde tan solo hay un concejal del PP y otro del PSOE y es imposible que la moción sea aprobada por mayoría absoluta, como exige la ley para que prospere el trámite de presentación en el Tribunal Constitucional.

La satisfacción de Izquierdo es aún mayor porque los ayuntamientos de Arroyo de la Encomienda (independiente) y el de Laguna de Duero (con mayoría del PP, pero apoyado por los independientes para gobernar) han aprobado la moción. «Hay muchos alcaldes del PP que se muestran abiertamente contrarios a la reforma local porque deja a los ayuntamientos en una situación de indefensión y porque deberán hacer un sobreesfuerzo para sacar adelante servicios básicos, pero no pueden aprobar una propuesta socialista y romper la disciplina de su partido», añade Izquierdo.

Los ayuntamientos que han respaldado la iniciativa socialista representan a 105.970 vallisoletanos, incluyendo Arroyo y Laguna, aunque solo los gobernados por el PSOE aglutinan a 78.001 vallisoletanos. Ahora, el ayuntamiento socialista de España con mayor población, probablemente el de Barcelona, presentará el recurso de inconstitucionalidad al Consejo de Estado, que deberá emitir un dictamen con el que se seguirá el procedimiento judicial ante el Tribunal Constitucional. Esta moción a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido apoyada por PSOE-PSC, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, Chunta Aragonesista, Compromís, Nueva Canarias y UPyD, excepto por el PP, PNV y UPN.

Izquierdo insiste en el «grave riesgo de pérdida de servicios» que conlleva la reforma local del Ejecutivo central si los gobiernos autonómicos no entran a cofinanciarlos y, estos, perderán financiación con la ley de Montoro, que «quita potestad a los ayuntamientos para decidir cómo gestiona competencias como el alumbrado, la pavimentación o pequeñas obras públicas, lo que llevará a que se creen paquetes de gestión de varios servicios que acabarán en empresas y en la privatización de los mismos».

El recurso que promueve el PSOE relativo al Conflicto en Defensa de la Autonomía Local regulado en la Ley del Tribunal Constitucional necesita aunar un séptimo de los municipios españoles que a su vez representen como mínimo un sexto de la población oficial. Eso supone que lo suscriban 1.160 ayuntamientos que representen a más de siete millones de españoles. Izquierdo insiste en que esta Ley quita competencias a los ayuntamientos y vulnera su autonomía, reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. Además, su aplicación puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes.