El cierre de Carbones San Isidro y María pone fin a la minería de interior en la cuenca

Solo un milagro podría evitar hoy el cierre definitivo de la explotación minera Carbones San Isidro y María, de Velilla del Río Carrión, después de un año desde que presentara un expediente de regulación de empleo (ERE) y sin que haya llegado a cobrar las subvenciones a la minería. Un milagro o voluntad política, como reclama el secretario comarcal de la UGT en Guardo, Carlos Mesa. El sindicalista manifestó ayer que «aquí nadie ha negociado con la Seguridad Social ni se han hecho gestiones para una posible compra». Y es que, según afirma el representante sindical, un convenio con la Tesorería de la Seguridad Social en el que se garantizara el pago de las cuotas podría salvar la explotación, «que es perfectamente rentable, porque únicamente hay que bajar y sacar carbón», según asegura Mesa. Otra posibilidad sería la búsqueda de un socio que impulsara la actividad, agrega.

El cierre de Carbones San Isidro y María pondrá fin a la historia de la minería de interior en la provincia de Palencia. La liquidación de la explotación de Velilla deja además sin empleo a 13 trabajadores, a los que se les deben cinco meses de salario, «y a los que les va a resultar prácticamente imposible encontrar otro trabajo, porque quién va a contratar a personas con una media de edad de 50 años y que llevan 10 ó 12 en esta mina», según alerta Mesa. Asimismo indica que tampoco podrán conseguir la jubilación anticipada a la que algunos tendrían derecho.

Deudas

Además de los salarios, la empresa debe unos 200.000 euros a la Seguridad Social y a Hacienda, según indica Carlos Mesa. La actividad en la explotación estaba paralizada desde diciembre del año pasado, debido a que tampoco hay electricidad en la explotación. Aunque los trabajadores no han recibido la carta de despido, ya se les ha comunicado en las reuniones a las que también asistieron.

Carbones San Isidro y María ha llegado a esta situación tras dos recientes reuniones negociadoras entre la apoderada de la empresa, Marta Paz Garay viuda del propietario, Fernando Brugos y los representantes de los trabajadores. En la última, se les propuso una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, con un límite de doce meses, según explica Carlos Mesa.

La situación de la mina se ha comunicado tanto al Ministerio de Industria como a la Junta y a la Diputación. «Los alcaldes de Velilla y Guardo conocen también los problemas, pero no quieren defender la explotación porque iría en contra del Gobierno de su partido que quiere cerrar las minas», concluye Mesa.