La gestión urbanística municipal acumula sentencias judiciales en contra

Los problemas judiciales por causas urbanísticas se acumulan últimamente en el Ayuntamiento de Salamanca . Causas y procesos que vienen de la anterior legislatura y que, pasado el tiempo y construidos los edificios e infraestructuras a los que se refieren, hacen difícil una solución que satisfaga a todos o que, al menos, compense lo perdido a la ciudad.

En primer lugar, hace un mes, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio urbanístico que permitió la construcción del edificio de El Corte Inglés en los terrenos del antiguo cuartel de Julián Sánchez 'El Charro'. Dicho convenio se firmó en 2007 entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Salamanca y la empresa y aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta ya que implicaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

En este sentido hay que recordar que los terrenos del cuartel de Julián Sánchez 'El Charro' fueron cedidos, tras una cuestación popular, por la ciudad al entonces Ministerio de la Guerra en 1926, por lo que nunca han tenido la consideración de particulares ni el Ayuntamiento, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tenía potestad para entregárselos a una entidad privada. Con las cosas así, la construcción del centro comercial carece de todo tipo de licencias urbanísticas y ambientales. Como la demolición del inmueble no parece factible, desde Equo-Salamanca, la formación política que ha perseguido sin descanso estas resoluciones judiciales, se plantearon esta semana una serie de compensaciones en forma de cesión de terrenos para uso y disfrute de los ciudadanos. Un ejemplo de esta medida sería la compra al Banco Ceiss de los solares de Adoratrices y Patio Chico y su posterior dedicación a equipamientos urbanos.

Por otro lado, hace apenas una semana se conoció la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula de pleno derecho el Plan Especial de Protección del Río Tormes y Arroyo del Zurguén aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca el 2 de diciembre de 2010 y que afecta a casi 600 hectáreas de terreno y nueve kilómetros de ribera. La razón esgrimida por el alto tribunal regional para esta anulación es la ausencia del informe medioambiental previo que se requiere siempre para actuaciones de este tipo. Ángel Gamazo, portavoz de Equo, señaló como responsable al entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Javier Galán, hoy subdelegado del Gobierno en la provincia.

Ahondando más en la historia, se descubre que la ausencia de ese informe está, con probabilidad, íntimamente relacionada con las opiniones que la Confederación Hidrográfica del Duero tenía sobre ciertos aspectos que se permitían en el plan de protección, como la construcción del Parque de Maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza en Huerta Otea. Esta infraestructura ya implicó para el Ayuntamiento una multa de 30.000 euros por parte de la CHD. Aún así, finalmente el parque se construyó, pese a la degradación del entorno fluvial de la ribera, y pese a que ocasionó graves problemas por la demolición de la pesquera de Tejares. Esta actuación se consideró imprescindible en su momento pero, tras varios miles de euros gastados y tras una agria polémica -que aún pervive- con los vecinos de ese barrio, quedó en agua de borrajas, ya que la pesquera se reconstruyó.

En resumen, hoy en día el Tormes y su entorno carecen de protección oficial -más allá de la que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana-, y sus riberas de Huerta Otea han de soportar la agresión de una infraestructura que no debería haberse establecido allí, aunque la Confederación finalmente transigió a cambio de la reconstrucción de la pesquera de Tejares. Finalmente, el Ayuntamiento anunció esta semana que se trabaja ya en el informe ambiental que permita la aprobación, esta vez definitiva, del fallido plan de protección.

Última sentencia

Hace apenas unos días el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la constructora del edificio que hoy es el hotel Corona Sol en contra de la sentencia del TSJCyL de marzo de 2013. Esta resolución judicial declaraba nulo el estudio en detalle promovido por la constructora para solucionar las irregularidades del inmueble, situado en la trasera del hospital de la Santísima Trinidad.

Entre esas irregularidades destaca un exceso de volumen construido, que se trataba de solucionar en el estudio en detalle transfiriendo la edificabilidad de una de las parcelas aun no construidas al nuevo edificio. La asociación 'Vecinos tras el muro' denunció ese estudio y su contenido, y el TSJCyL les dio la razón, planteamiento que ha ratificado esta semana el TS. Por tanto, el edificio continúa siendo ilegal.