Fomento Territorial tendrá que devolver 4,1 millones de euros a Segovia 21 por «pagos indebidos»

Este es el relato (todavía abierto) de un demandante que terminó siendo demandado y ahora condenado por la justicia. La empresa Fomento Territorial que como se recordará fue la adjudicataria de la gestión integral del proyecto de Segovia 21 entre los años 2002 y 2012 había presentado una demanda civil en la que reclamaba a la sociedad participada mayoritariamente por la Diputación provincial algo más de 287.000 euros más intereses por unas facturas que consideraba que deberían haber sido abonadas y, a su juicio, no fue así. La cantidad correspondía a una serie de mensualidades por importe de unos 50.000 euros adeudadas desde mayo de hace dos años hasta que la administración única nombrada en septiembre de ese 2012 dio por finiquitada la relación contractual un mes más tarde.

La compañía que preside Elías Benatar recurrió a los tribunales para pedir el cobro de esos impagos y se encontró con la réplica en el mismo 'ring' judicial. La sociedad que administra el abogado Javier de la Orden contraatacó, devolvió el golpe y reclamó a su vez a Fomento Territorial 7 millones de euros por incumplimiento de contrato, entre otras cuestiones. En esa demanda solicitaba también unas indemnizaciones por unos gastos en los que había incurrido Segovia 21 y que la administración actual cree que eran propios de la gestión integral de la adjudicataria. La reconvención interpuesta por la empresa Verae como responsable actual de Segovia 21 ya tiene respuesta en forma de auto del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que ha estimado parcialmente las pretensiones de la sociedad.

Según ha confirmado este miércoles Javier de la Orden, esa resolución condena a Fomento Territorial a devolver 4.187.782 euros «por pagos indebidos e indemnizaciones». El administrador único es cauto al analizar la repercusión de este auto, aunque no oculta que se trata de «una noticia excelente» para las arcas de Segovia 21.

Se pedirá la ejecución provisional

La prudencia está justificada. De la Orden anticipa que cabe recurso de apelación y prevé que casi con total seguridad la empresa de Elías Benatar se acogerá a esta opción. Por lo tanto, hay que esperar, ya que por lo elevado de la cuantía el caso puede incluso llegar al Supremo. Sin embargo, por otra parte el fallo contempla la «ejecución provisional» del reintegro millonario por parte de Fomento Territorial. Y a ello se va a aferrar Verae (empresa a la que representa Javier de la Orden y que administra Segovia 21). El letrado anuncia que se va a solicitar esa devolución provisional porque «examinadas las cuantías de Fomento Territorial es una sociedad totalmente despatrimonializada».

Además de la bienvenida inyección financiera que supondría la percepción de esos casi 4,2 millones de euros, De la Orden se queda con que el auto reconoce que durante la relación contractual entre la adjudicataria y Segovia 21 «se hicieron pagos indebidos». Esta confirmación judicial es algo que también buscaba la reconvención con la que se respondió a la demanda formulada por Fomento Territorial. Ya en diciembre de 2012, el administrador único junto a los presidentes de la Diputación y de la Cámara de Comercio, Francisco Vázquez y Pedro Palomo, respectivamente, entregó a la Fiscalía Provincial los contratos que Segovia 21 firmó con la empresa presidida por Benatar al presumir un exceso en los pagos realizados. Las diligencias informativas fueron transformadas en investigación penal al apreciar indicios de un delito relacionado con una supuesta gestión indebida de sociedades.

Responsabilidades

Javier de la Orden ha descartado, por el momento, abrir una vía de reclamación a los anteriores responsables de la sociedad porque no todos tendrán responsabilidad sobre esos pagos indebidos sobre los que ha resuelto el juzgado. El administrador precisa que habrá que analizar esas gestiones para poder reclamar. Y en este capítulo de nuevo sale a la palestra el nombre de Atilano Soto, quien el pasado lunes ya tuvo que declarar ante el juez por la causa de las retribuciones millonarias de Caja Segovia. De la Orden apunta que el que fuera presidente de la entidad de ahorro también fue consejero delegado de Segovia 21 cuando se concedieron a Fomento Territorial «contratos prorrogados» de los que se derivan esos excesos de abonos descubiertos cuando Verae comenzó a hacerse cargo de la sociedad y revisó la contabilidad de los anteriores gestores.

Recopilada la información contable desde 2002 a 2012 para hacer frente a la demanda de la adjudicataria, «detectamos que las prórrogas no permitían el incremento de pagos que ya estaban realizados con anterioridad. Esto fue lo que sostuvimos en la reconvención, y nosotros entendemos que cuando el contrato tiene un precio cerrado y cierto, ese precio cerrado no puede ser ampliado. Esa ha sido nuestra línea argumental y el juez ha estimado que efectivamente existen pagos indebidos», ha concluido el administrador único.

El fallo del juez también declara resuelto el contrato de arrendamiento que, incluyendo las prórrogas, mantuvo vigente la relación entre ambas sociedades desde el 4 de diciembre de 2002 hasta octubre de 2012.