Una reforma hecha para los pueblos pequeños

«Somos pueblos pequeños sí, pero queremos seguir estando aquí». Begoña Vicente (PP) suspira ante un café que comparte con la también alcaldesa pedánea como ella, Amelia Rodríguez (PP), y con el alcalde de Tordesillas (Valladolid), José Antonio González Poncela (PSOE). Los tres forman parte del mismo municipio pero representan a diferentes núcleos rurales unidos por un convenio anual que ambas mujeres firman con el joven regidor y que supone, en términos generales, la gestión de 160.000 euros para Villamarciel el pueblo de Begoña y 98.000 para Villavieja, el pueblo de Amelia.

La gestión de González Poncela está marcada desde el principio por la atención a cinco núcleos rurales (los tres citados y dos barrios: Pedroso y Montico) y de hecho su Consistorio se encarga de recaudar el impuesto de vehículos de todos los anejos o conceder las licencias de obra y construcción de esas mismas localidades. En las pedanías, por el contrario, asumen la recaudación de las tasas de agua, basuras, el alcantarillado, e incluso, en el caso de Villamarciel, han creado una tasa de vados. Cada uno de ellos organiza sus fiestas patronales y busca su propio presupuesto para financiarlas.

Es prácticamente lo mismo que José Antonio de los Mozos (PP) hace como alcalde de Vallejera , en Burgos. Son 55 vecinos y aunque no tienen ni tienda ni bar asegura que «están servidos» porque el panadero pasa todos los días por el pueblo, y el carnicero y el pescadero, una vez a la semana.

Esto sería impensable para un benaventino, al que le cuesta poco acudir a cualquiera de los más de cien comercios que hay en la localidad. Su alcalde, Saturnino Miñambres (PP), se felicita por tener unos vecinos «muy activos» pero se muestra sobre todo satisfecho por contar con un hospital comarcal que presta servicio en 21 especialidades y al que se suman un centro de diálisis y dos centros de salud abiertos durante todo el día.

Aunque con menor población, también hay servicio de urgencias las 24 horas en Fontiveros (Ávila), una localidad ubicada en pleno corazón de la moraña abulense que todavía puede alardear de mantener siete empresas relacionadas con la construcción y otros tres electricistas, aunque todos tocados por la crisis, según cuenta su alcaldesa, María del Carmen Calleja (PP).

No han corrido la misma suerte los mineros de Vegacervera (León) que todavía viven en el pueblo pero jubilados o prejubilados. El alcalde, Luis Rodríguez (PSOE) es uno de ellos y ahora no le queda más remedio que explicar que su pueblo vive de tres cosas fundamentalmente:«El turismo (gracias a las Hoces); la industria cárnica (tienen dos fábricas de embutido, con su famosa cecina de chivo), y las pensiones». Todo lo contrario ocurre en Miranda de Azán (Salamanca), un municipio de 500 habitantes (una parte importante de jóvenes) en el que vive más de un millar y ubicado en el alfoz de la capital charra. Su alcalde, Sergio García (IU) no duda en reconocer que su gestión es algo más fácil por la gran colaboración de los vecinos.

Tienen una biblioteca, un centro cívico, una asociación de mayores y una pista deportiva. «De todo se encargan los vecinos, y gracias a su colaboración desinteresada las cosas funcionan de manera muy digna». Tienen solo un bar y dos tiendas, entre otras cosas porque su proximidad a la capital les surte del consumo necesario.

Algo más lejos de la ciudad se encuentran los habitantes de Ágreda (Soria) que a las dificultades orográficas que distancian sus visitas a la capital, se une el sentimiento aragonés que reconoce el propio alcalde, Jesús Manuel Alonso (PSOE), que existe entre los vecinos.

Su escepticismo se multiplica cuando se le pregunta por cómo afectará a su localidad la aplicación de la nueva ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que ha visto la luz hace menos de una semana. Alonso cree que es una norma «demasiado generalista» y eso incide en el hecho de que «nuestros pueblos deseen pertenecer a las comunidades colindantes como Aragón, donde se les tiene más estima».

Lejos de lo que se pudiera pensar, las administraciones competentes para aplicar esta ley, principalmente la Junta de Castilla y León, y a tenor del pulso a los alcaldes, deben ser conscientes de que en muchas localidades, especialmente en las pedanías, el anhelado deseo de unión, por muy voluntaria que sea, se topará con un excesivo sentimiento de disgregación.

Localidades menores

«Tenemos que luchar todos los días contra la misma pregunta: ¿Por qué no nos independizamos de Tordesillas?», reconocen las dos alcaldesas pedáneas convencidas profundamente de que ese hecho no cambiaría mucho las cosas. Cuentan que la unión al que llaman «el municipio matriz», permitió a los vecinos de estas pedanías mantener el transporte diario e incluso poder beneficiarse del Plan de Proveedores del anterior Gobierno que dejó fuera a las entidades locales menores. El ayuntamiento de Tordesillas avaló ante la Diputación a las dos pedanías y gracias a eso acaban de recibir el préstamo para hacer frente a sus deudas. «De no haber sido así, ahora mismo habrían desaparecido», explica huyendo de la crudeza pero asentado en el mayor de los realismos, el alcalde González Poncela.

Las cosas son así. Para este trío la colaboración es la que mantiene la situación actual y de hecho, según el regidor, la nueva ley no cree que, en su caso, vaya a cambiar mucho las cosas. «Los más afectados serán los pueblos pequeños», afirma mientras asienten sus dos compañeras de café. Al fin y al cabo, las localidades menores son las que más problemas tienen para ofrecer los servicios. Aún así, este alcalde espera algunos cambios y de hecho confía en que la residencia que está a punto de abrir en su localidad «sea gestionada por la Junta;es su competencia», sentencia.

Confiado se muestra también su homólogo del pequeño municipio burgalés de Vallejera. De los Mozos está convencido de que la ley «va a regular las competencias que tiene que tener cada administración», aunque ha de hacerlo partiendo de la base de que los ayuntamientos pequeños y las juntas vecinales tienen su razón de ser «mientras haya personas en el municipio que quieran trar del carro».

«Lo que sí hemos pedido es no perder nuestra identidad como municipio», aporta también la alcaldesa de Fontiveros que, aunque reconoce no tener todavía mucha información, explica que de lo que se trata es de «reagrupar a los municipios para prestar los servicios, y que sea más barato». Antes de eso, Jesús Manuel Alonso propone hacer un estudio exhaustivo de las necesidades que existen en cada población y de los servicios que se requieren. «Cuando sepamos cómo se van a repartir los servicios, será cuando veamos si esta ley es efectiva», advierte el alcalde de Ágreda.

Mucho más crítico se muestra el edil leonés de Vegacervera. Luís Rodríguez insiste en que no tiene claro qué pasará con los municipios pequeños, «primero dicen que van desaparecer pero luego hablan de fusiones voluntarias. Le digo advierte que mi municipio puede seguir adelante sin necesidad de fusiones o uniones con otros ayuntamientos».

Tampoco es demasiado optimista el único alcalde de IU en la provincia de Salamanca. Sergio García rechaza directamente el nuevo modelo de ordenación basado en las llamadas mancomunidades de interés comunitario (unión de municipios para prestar servicios). «Lo lógico hubiera sido apostar por la comarcalización, no por nuevas figuras farragosas», incide. Está convencido de que la aplicación de la ley acarreará cambios en la prestación de los servicios y teme que esto termine «perjudicando a los vecinos». Su objetivo es «que paguen lo menos posible», pero no esconde su temor respecto a algunos de esos cambios. «Seguro que el agua es una de las cosas que van a tocar y no va a ser en beneficio de los vecinos».

En su municipio cobran por el agua 10 euros por 30 metros cúbicos al trimestre, y pagan por la basura 4.200 euros al mes cada tres meses a la mancomunidad que se la recoge (19,50 euros al año por persona). Él no quiere de momento empezar a hablar de cooperar en determinadas cosas porque «ahora el vecino es el centro de mis preocupaciones, después, ya veremos».

Mancomunidades

Sin embargo, si se piensa detenidamente, la cooperación ya existe desde hace años, aunque de una forma desordenada. Tordesillas por ejemplo, pertenecen a la mancomunidad Vega del Duero, junto a otras 15 localidades, para el agua; y a la de Bajo Duero, para la recogida de basuras. Este tipo de situaciones cambiarán cuando se aplique la nueva ley. Lo explica el alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes. «Se conseguirá unir eficacia, eficiencia e identidad» de tal forma que se traducirá en la «garantía de futuro» para seguir prestando los servicios esenciales.

El debate está todavía muy abierto y de hecho, lo primero que harán los responsables de la Junta será volver al terreno e informar de nuevo a alcaldes y concejales. Un simple recorrido por la comunidad como el que se acaba de leer pone de manifiesto la disparidad que existe entre núcleos, personas, formas de vida y aplicación de servicios. De todo ello, solo esto último es lo que, según la Junta, se quiere homogeneizar. El resto, ha de mantener su identidad.

Es cierto que no será una tarea fácil pero, a juzgar por lo que cuentan los protagonistas, si hay algo que ha de quedar claro es que los ciudadanos deben seguir viviendo en la que han elegido que sea su localidad.

Con informaciones de F. Gómez; P. Garcinuño; M. Orive; S. G. Rojo; I. G. Villarroel y S. Jorge.