E. R. C.
Jueves, 30 de mayo 2013, 22:33
«Hay familias, con hijos dependientes, que tienen que recurrir a la Renta Garantizada de Ciudadanía para mantenerlos debido a la reducción de las prestaciones que recibían». Con estas palabras, Yolanda Rubio, presidenta de la Asociación de Ayuda a los Dependientes de Valladolid, ejemplificaba lo que suponen los recortes en la Ley de Dependencia, «que han bajado hasta el 40% y ahora, encima amenazan con más recortes». Por ello, la Plataforma Social de la que forma parte su asociación, junto con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, no dudará en movilizarse y salir a la calle para luchar, tal y como reza su manifiesto contra los recortes sociales, «contra el mayor ataque en los últimos 30 años al estado del bienestar y a los más débiles», que está llevando a cabo un Gobierno, «con mayoría parlamentaria, pero sin legitimidad democrática porque gobierna en fraude electoral, al hacer lo contrario de lo que había prometido en campaña».
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Yolanda Rubio lanzó un llamamiento a la ciudadanía para «salir a la calle» y defender unos derechos que «se ha tardado muchos años en conseguir» y que ahora se eliminan. Además, también lanzó un mensaje a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Milagros Marcos, a la que acusa de querer «quitar, a toda costa, las prestaciones» de los cuidadores en el entorno familiar y no dudó en calificar de «falta de respeto» que se asegure que «los niños no están bien atendidos en casa».
Por su parte, José Antonio Sanz, de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CC OO en Valladolid, se lamentó de los recortes que «sufren» en Dependencia, que están llevando a situaciones que «no se pueden soportar». En este sentido, su homólogo de UGT, Julio Guati, recordó que son muchos los mayores que han tenido que salir de las residencias porque no se pueden pagar.
Al llamamiento de la Plataforma Social acudieron el PSOE e IU, en representación del primero, el portavoz en materia de Familia en las Cortes, Jorge Félix Alonso, denunció que «la prestación económica vinculada a la prestación de un servicio no sirve para cubrir las necesidades de las personas» y cree que lo que se está consiguiendo es «potenciar los servicios profesionales privados en detrimento de las plazas públicas». Un punto de vista que comparte Conchi Ortega, responsable de política social de IU, para la que es «importante denunciar lo que hacen el Gobierno y la Junta con una ley tan importante como la de Dependencia».
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