Banco Ceiss, de Caja España-Duero, se integra en Unicaja

Después de un largo proceso que ha durado más de dos años, el banco de Caja España-Duero (Ceiss) se integrará en la malagueña Unicaja. Así lo comunicará esta tarde el Banco de España, una vez que la Comisión Europea ha dado su visto bueno al proyecto.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha logrado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acepte asumir parte de las posibles pérdidas derivadas en caso de reclamaciones por parte de la Sareb, el banco malo al que Caja España-Duero ha transferido sus activos inmobiliarios tóxicos. Si la Sareb exige compensaciones por una sobrevaloración en los precios de traspaso de estos activos, la futura propietaria de Banco Ceiss solo abonará 100 millones (a modo de «franquicia») y a partir de esa cantidad sería el Estado el que asumiera la factura.

El FROB inyecto el pasado 24 de abril 604 millones de euros en la entidad de Castilla y León en forma de bonos convertibles contingentes -los llamados 'cocos', que no computan como capital- y no mediante la emisión de acciones ordinarias. Esta última fórmula, impuesta por la Comisión Europea el 20 de diciembre de 2012, no complacía al dirigente de la entidad andaluza porque implicaba tener al Estado como accionista de Ceiss.

Condiciones cumplidas

Para quedarse con la entidad que estaba llamada a articular el «músculo financiero de Castilla y León», pero que ya en octubre de 2010 necesito 525 millones del FROB para poder ser viable; que en 2011 se conformaba con fusionarse con Unicaja con una relación de poder del 30-70; que en febrero pasado se conoció que tenía un agujero patrimonial de 288 millones; que pocos días después tuvo que traspasar a la Sareb, o banco malo, activos inmobiliarios valorados en cerca de 7.000 millones (por los que recibió 3.173 millones) y que cerró el ejercicio de 2012 con unas pérdidas de 2.557 millones, Braulio Medel ha ido imponiendo una serie de condiciones que poco a poco han ido cumpliéndose.

El préstamo de 604 millones de euros en forma de emisión de bonos u obligaciones convertibles en acciones realizado por el FROB deberán ser recomprados por la entidad en cinco años, aunque este plazo se podría ampliar en dos más en función de la situación económica.

Acuerdo sobre las preferentes

Para cerrar la operación de absorción de Banco Ceiss, Medel y el Banco de España han llegado a un acuerdo en el tema de las participaciones preferentes y la deuda subordinada comercializadas por Caja España-Duero Banco Ceiss tiene 1.400 millones de euros en estos productos híbridos, de los que 1.000 millones estarían en manos de particulares y el resto de institucionales. El acuerdo prevé al canje de participaciones preferentes y subordinadas por bonos convertibles en acciones, con un importante descuento para los tenedores de estos productos.

El FROB reconoce que el proceso de liquidación de Ceiss diseñado por el Banco de España y la Comisión Europea presenta «dos especialidades» que justifican la emisión de 'cocos' y no la nacionalización directa. Por un lado su integración en Unicaja, que minimizará «los costes públicos una vez que ha sido calificada como entidad no viable en solitario». Por otro, el FROB debe respetar «el mandato de la Comisión de que la participación de los titulares de los instrumentos híbridos y deuda subordinada en el capital social de Ceiss no podrá ser superior al 50%».

Pacto laboral

La integración de Banco Ceiss en Unicaja también ha sido posible tras el pacto laboral que la dirección de Ceiss y los sindicatos alcanzaron el miércoles pasado y que supone recorte de la plantilla de 1.230 trabajadores y la reducción del salarios en otro 9% para los empleado que permanezcan en plantilla. Una disminución de los costes laborales que tras los recortes ya realizados, alcanzan un porcentaje próximo al 30%,.

En diciembre pasado, Bruselas exigió a Banco Ceiss reducir su tamaño el 30%, concentrar su negocio en la banca minorista y en Castilla y León y limitar su actividad a la concesión de préstamos a pymes y nunca a proyectos inmobiliarios. Además, le exigió el cierre de 263 oficinas y una disminución de la plantilla de 1.502 personas en un plazo de dos años, que finalmente se quedará en 1.320, mientras que el resto entrará en un proceso de regulación de empleo temporal de carácter rotatorio.