A. S.
Miércoles, 1 de mayo 2013, 16:07
Filtraciones a los «enchufados» en unas oposiciones para facilitar un puesto de trabajo a cuarenta auxiliares administrativos en la Diputación de León y en su Organismo Autónomo Administrativo Instituto Leonés de Cultural. Era la acusación de los demandantes aspirantes a una de las plazas que ya ocupaban de forma «irregular», según la sentencia judicial dictada en 2011 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León personas que en su mayoría son familiares o tienen relación política con puestos funcionariales o cargos políticos del PP. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha revocado tal sentencia, lo que supone el archivo de las actuaciones y el fin de casi cuatro años de litigios. La sentencia considera que el resultado final de la oposición hubiera sido el mismo.
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La oposición cuestionada es la de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007 y 2008, celebrada a finales de ese último año y está además pendiente de un proceso en vía penal que implica directamente a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, quellegó a declarar como imputada.
Los querellantes apuntaban a que el 60% de las plazas han sido ocupadas por personas ligadas a la Diputación leonesa.
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