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EL NORTE
Lunes, 25 de febrero 2013, 21:28
El PSOE de Segovia pide a todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la provincia que se opongan a la Ley de Bases de Régimen Local por considerarlo «un ataque frontal a la autonomía municipal». El portavoz de los socialistas en la Diputación, José Luis Aceves, advirtió de las «nefastas consecuencias que puede acarrear» una reforma que, según su opinión, «pone en peligro los fundamentos del municipalismo y un modelo que ha garantizado la cohesión social del país durante los últimos 30 años».
Por este motivo, su grupo presentará este martes en el pleno de la institución una moción para que el Gobierno central retire la modificación de dicha ley «y empiece por buscar el consenso con todos los actores implicados». Aceves consideró que el anteproyecto constituye un desarrollo normativo de Ley de Estabilidad Presupuestaria «que aplicada con rigor en cuanto al cumplimiento de plazos en exceso reducidos para materializar sus obligaciones económico-financieras, conllevaría la supresión de gran parte de mancomunidades y entidades locales menores».
Además, el portavoz socialista propondrá que se abra un proceso de negociación en el que se incluyan a órganos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la regional, «y no solo a partidos políticos». Aceves incidió en la necesidad de abordar «de forma definitiva» la suficiencia financiera de las entidades locales, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (elección directa de los diputados provinciales), la trasparencia, participación y buen gobierno en el funcionamiento de las entidades locales y el estatuto de los miembros de las corporaciones.
«Mínimo ahorro»
Aseguró, además, que las medidas planteadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy supondrán un «mínimo ahorro» en la reducción de retribuciones a alcaldes y concejales puesto que, en el caso segoviano, el 93% de los ediles no tienen ningún sueldo. Según el socialista, la reforma conseguirá «que existan menos candidatos para ocupar los puestos locales o bien que solo puedan ser ocupados por personas con buenas disponibilidades económicas», retornando al «derecho censitario, en el que solo ejercían el voto y elegían los gobiernos las personas con mayor capacidad económica».
Por este motivo, el portavoz socialista en la Diputación advirtió de que el intervencionismo estatal provocará el «vaciado de competencias» en determinados municipios y la eliminación y supresión de los mismos, en caso de no superar los estándares de eficiencia establecidos por el Ministerio, así como la puesta en peligro de más de 250.000 empleos públicos en todo el país, «sin atajar de forma clara su verdadero problema, la financiación municipal».
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