El edificio de San Facundo y el salón de actos también avalan la hipoteca de la Caja

El «expolio» de los bienes de Caja Segovia por Bankia, la actuación de los exdirectivos de la entidad y la manera de actuar de la nueva sociedad que ha integrado a las cajas son objeto de comentarios recurrentes en las calles y cafés de la ciudad. Acrecentados desde que se ha conocido que el anterior consejo de administración hipotecó el Torreón de Lozoya para hacer frente a una deuda tributaria, los nuevos órganos de gobierno de Caja Segovia, en especial el presidente Rafael Encinas y el director general Fernando Tapia, tratan por todos los medios de tapar las vías de agua por las que se escapa la liquidez y el futuro de la Obra Social y Cultural, y de aclarar en la medida de lo posible el alcance de las decisiones de los antiguos rectores.

Encinas y Tapia expondrán la situación al consejo en la reunión de este miércoles, y probablemente darán a conocer después los pormenores de lo que han encontrado. Lo que han sabido en los últimos días es que la hipoteca por valor de 6,8 millones de euros concertada con el Banco Financiero y de Ahorro (matriz de Bankia) en junio pasado para cubrir la reclamación efectuada por la Agencia Tributaria tiene más garantías, y con ello que el patrimonio de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia está afectado en una proporción mucho mayor de la que esperaban, prácticamente casi todo lo valioso.

Además del Torreón de Lozoya, emblema de la Obra Social y Cultural durante decenios, la operación de préstamo tiene también como garantía el edificio de la plaza de San Facundo (con vuelta a la calle Catorcena y la plaza del Conde Alpuente), el Palacio de Villafañe, que fue la sede originaria de la entidad segoviana, que albergó el Monte de Piedad y las oficinas de la Obra Social y Cultural y que aún contiene una de las sucursales.

Pero hay más. Junto al Torreón de Lozoya figuran como garantías hipotecarias un local de la calle José Zorrilla y el salón de actos de la calle Bajada del Carmen, la Sala Caja Segovia, que es una de las pocas partes del edificio principal que continúa en manos de la entidad segoviana, pues el resto fue traspasado a Bankia.

Y los actuales directivos siguen investigando en la documentación para conocer el alcance de las condiciones del préstamo hipotecario, es decir, si hay más bienes de la Obra Social afectados como garantía. Lo que encuentren lo comunicarán al consejo mañana, así como la determinación de reclamar a Bankia que asuma el pago de la hipoteca que, a su juicio, debería haber sido traspasada a la nueva entidad junto al restos de los activos y pasivos de Caja Segovia.

Soto remite al consejo actual

Fue el anterior consejo de administración, presidido por Atilano Soto, el que aceptó el préstamo para cubrir la reclamación de la Agencia Tributaria, derivada de la deuda surgida por unas operaciones inmobiliarias para un desarrollo urbanístico en Gijón que se llevaron a cabo en 2006 a través de una sociedad en la que participaba Caja Segovia y que resultó fallido al producirse el estallido de la 'burbuja' inmobiliaria.

El consejo de la entidad segoviana asumió la deuda después de que los servicios jurídicos de Bankia estuvieran negociando el pago con la Agencia Tributaria, cuestión que no llegan a entender los actuales responsables de Caja Segovia, pues consideran que es una responsabilidad que debió asumir la nueva entidad, que además es la titular del préstamo a través del Banco Financiero y de Ahorro. Encinas ha declarado al respecto que esta operación se trató como un anticipo con el fin de paralizar la reclamación tributaria, que a Caja Segovia solo le afectaba en un 50% y el resto a Bankia, y con la posibilidad de repercutir el crédito a otras entidades.

El anterior presidente, Atilano Soto, declaró ayer a El Norte que se trata de «una hipoteca que establece una frontera para que no se pueda vender el edificio del Torreón de Lozoya» y así «garantizar su permanencia en la Obra Social» y la pervivencia de ésta. Al tratarse de «una sociedad participada», Soto no está de acuerdo con que «le tocara pagar este préstamo a Caja Segovia», aunque sea «un préstamo blando». Sin embargo, sostiene que al haber dejado los órganos de gobierno de la entidad «cualquier declaración no me corresponde y debe hacerla la nueva dirección».

Los nuevos rectores, mientras tanto, están cada vez más preocupados por el futuro de la fundación que debería constituirse para asumir la Obra Social y Cultural, sus bienes relictos y su actividad residual.