El Gobierno prevé invertir en Castilla y León 1.587,11 millones, prácticamente lo mismo que en 2012

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha registrado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Leyde Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 prevé unas inversiones para Castilla y León de 1.587,11 millones de euros, entre las inversiones de los Ministerios, los entes públicos empresariales y las regionalizadas de la Seguridad Social. Los de 2012 recogieron 1.584 millones de euros, cifra supone un 0,14%. Castilla y León sería la segunda autonomía que acapara mayor inversión, por detrás de Andalucía, que absorbe 1.632,8 millones de euros. Una primera lectura de los tomos presupuestarios deja entrever que, al igual que este año, la inversión estatal se concentra en los trazados de Alta Velocidad ferroviaria que unen Madrid con Galicia y el País Vasco y que son muy exiguos los fondos que se destinan a autovías.

La primera reacción en Castilla y León a las cuentas estatales ha sido de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos que asegura que la financiación para el sistema de dependencia es «la que se preveía»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades asiste en Palencia a los actos del Día Internacional de las Personas Sordas junto a medio millar de participantes.

De otro lado, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, aseguró hoy que la financiación de los Presupuestos Generales del Estado del 2013 para el sistema de la dependencia es «la que se preveía», con las modificaciones que «ya estaban contempladas en el real decreto de ley del mes de julio».

Respecto al recorte de 200 millones en la partida presupuestaria, Marcos reconoció que «cualquier recorte afecta», si bien matizó que «en esta ocasión el ajuste del Estado se corresponde con la modificación que se hizo en el decreto estatal de julio y que ha hecho que Castilla y León esté reformando el sistema de dependencia». «Entendemos que la financiación es la que se preveía», apostilló la consejera.

Al respecto, señaló que se trata de una reforma «pactada» con sindicatos y empresarios y también con el propio colectivo de discapacitados y que trata de fomentar el empleo de los servicios profesionales a través de la dependencia, frente a las ayudas económicas que puedan recibir las familias por cuidar a su dependiente.