Un confidente denunció a la Policía el amaño de una obra en Guardo cinco meses antes de concederla

Un ciudadano anónimo denunció en enero del 2011 desde Valladolid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, los trámites realizados por dos funcionarios de la Consejería de Fomento para conceder los trabajos de dirección de obra de la variante de Guardo (por importe de 510.000 euros) a una UTE de empresas, de tal modo que al final del proceso de selección fuese una la adjudicataria. La obra pertenece al tramo de la CL-626, que transcurre desde Asturias a Aguilar de Campoo, por la Robla y Guardo, y actualmente está en ejecución.

La denuncia del confidente anónimo, junto al trabajo policial realizado durante cinco meses y que confirmó la concesión, sirvió para que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ordenase el pasado mes de junio el registro de la sede central de Fomento, y se detuviese a la funcionaria B. G. G., técnico de la Dirección General de Carreteras de la Junta. Esta ingeniero de Caminos, de 42 años, es la principal persona a la que los agentes policiales atribuyen una participación activa en esta investigación por un presunto delito de cohecho y prevaricación.

El 20 de junio pasado, una docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, procedentes de la sección de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica llegados desde Madrid, irrumpieron en la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con sede en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid. Según algunos testigos presenciales, cuatro vehículos del Cuerpo Nacional de Policía se detuvieron ante la sede de la Consejería y de su interior bajaron esos doce agentes, que accedieron al interior acompañados del juez y del secretario judicial. Tras el registro, los funcionarios requisaron el expediente de adjudicación de las obras de construcción de la variante de Guardo, una obra que depende de la Administración regional.

Según información a la que ha tenido acceso este diario, el anónimo confidente remitió los datos del supuesto «amaño» de esta obra pública en un sobre con dos folios y con el matasellos del 7 de enero del 2011 de una oficina de Correos de la capital vallisoletana. Con el transcurso del tiempo, los investigadores se vieron sorprendidos al comprobar cómo lo que afirmaba el anónimo comunicante se iba confirmando administrativamente.

Empresas afines

En el documento se aseguraba que personal de la Dirección General de Carreteras tenía intención «de dirigir la adjudicación final de dicho concurso a dos empresas afines a técnicos vinculados a dicho organismo público». Para apoyar esta imputación, el confidente, del que la Policía sospecha tendría información suficiente por su trabajo dentro de la Administración pública, o su relación con empresas del sector de obra civil, mencionó «como prueba de la adjudicación amañada de distintos contratos (...) el que dos funcionarios de confianza (J.M.A. y B.G.G.) habrían decidido, esta vez actuando por su cuenta, hacer un contrato de dirección de obra de la variante de Guardo, próximo a su resolución, que quieren adjudicárselo a dos sociedades afines a sus intereses».

Las empresas que citó son Eipsa y Civil4 que ya han sido investigadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En mayo del 2011 recibieron la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento. Según la investigación de la UDEF, las siglas de J. M. A. corresponderían a un jefe de Carreteras de la Dirección General de la Junta, que sería, según el informe oficial, «compañero y amigo» del administrador único de Eipsa, empresa con domicilio social en Madrid dedicada a prestar servicios de ingeniería técnica. En el caso de la funcionaria B.G. G., encargada de elaborar en diciembre del 2010 el pliego de condiciones técnicas para la dirección facultativa, la Policía ha podido comprobar los vínculos de amistad con uno de los administradores de Civil4.

Otro de los aspectos que el confidente comunicó a la Policía fue el relativo al procedimiento de adjudicación del contrato. Al ser un importe de unos 500.000 euros debían hacerlo con publicidad en el BOE y con libre concurrencia, pero «para no tener problemas ya que saben que están siendo investigados sobre este punto han decidido amañar también la preparación del expediente, negociando para ello con las sociedades que desean sean adjudicatarias finalmente del contrato». Los investigadores recuerdan en este sentido que el artículo 141 de la ley de Contratos del Sector Público prohibe la negociación tanto presencial como telefónica con los aspirantes. Concluida este trámite negociador, se inició la tramitación de forma precipitada a finales del mes de diciembre del 2010, «aprovechando que el personal funcionario estaba de vacaciones». Los agentes han comprobado que los pliegos de prescripciones técnicas particulares se aprobaron tan solo en 11 días hábiles.