La nueva reforma financiera obliga a Caja España-Duero a provisionar 1.852,6 millones por sus créditos inmobiliarios

El nuevo obstáculo en el camino de la supervivencia de Caja España-Duero alcanza unas dimensiones colosales. Con su integración en Unicaja pendiente de los nuevos requerimientos de capital que ayer hizo públicos el Gobierno, el esfuerzo que deberá acometer la caja castellana y leonesa para 'purgar sus pecados' en el sector del ladrillo va a poner a prueba todos sus recursos y algunos más.

El total de créditos a la construcción y la promoción inmobiliaria de la caja ascendía al cierre de 2011 a 6.175,5 millones de euros, de los que el 88% son con garantía hipotecaria y el resto, sin ella. Obligada ahora a aparcar una media del 30% de esa cantidad en forma de provisiones (los porcentajes son diferentes dependiendo de si la garantía aportada es el suelo, las promociones sin terminar, o las terminadas), la suma de las provisiones asciende a 1.852,65 millones.

Para salvaguardarse de los riesgos derivados del ladrillo y adaptarse a las anteriores exigencias del Gobierno en materia de provisiones adicionales, Caja España-Duero calculaba que debería realizar provisiones por 638 millones de euros, más otros 502 millones de necesidades de capital, es decir un total de 1.140 millones. Ahora, deberá provisionar una cantidad que es un 62,50% mayor que la anterior estimación.

Caja España-Duero tiene en su balance 1.817,8 millones en edificios terminados; 1.068,7 millones en edificios en construcción y 2.552,6 millones en los que ha valorado su cartera de suelo.

En cuanto a los activos inmobiliarios adjudicados, la entidad financiera de la región cuenta con un total de 1.391 millones de euros, de los que el 73%, es decir 1.014,5 millones, son inmuebles de promotores y constructores y el resto son inmuebles de particulares (286,9 millones) y participaciones y similares.