La falta de financiación paraliza el macropolígono industrial Canal de Castilla

Corría la primavera de 2005 cuando el consejero de Economía, Tomás Villanueva, soltó la bomba: la Junta iba a promover la construcción del mayor polígono entonces de la comunidad sobre una vasta superficie de 358 hectáreas de terrenos de regadío al borde la autovía de Burgos (A-62), entre los términos de Cigales, Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga. La gran área industrial, bautizada como Canal de Castilla, estaría lista al año siguiente para albergar a decenas de empresas con sus correspondientes trabajadores. Aquel sueño, heredero de la abundancia previa a la crisis, continúa hoy sin materializarse. Los terrenos apenas sí muestran los futuros viales, las obras se paralizaron por completo hace más de tres meses y un amplio porcentaje de los antiguos propietarios de las parcelas (el 40%) siguen sin cobrar el dinero pactado hace casi siete años (11 millones de euros) de las promotoras del suelo.

«Aquí se empeñaron en fastidiar más de trescientas hectáreas de buenos terrenos de regadío con el dinero de todos y no solo nos impidieron seguir labrándolas, sino que, al final, no tenemos ni polígono, ni tierras, ni dinero», resume Mariano Conde, un veterano labrador, quien augura que nunca lo verán acabado.

Él y un nutrido grupo de afectados, hasta sumar diecisiete, se reunieron el pasado martes en la Cámara Agraria de Cigales para hacer balance del proceso vivido en estos últimos siete años y anunciar, de paso, que piensan acudir a protestar el próximo 23 de abril durante la celebración del día de la comunidad en Villalar de los Comuneros. Son conscientes, eso sí, de que han perdido mucha fuerza desde que buena parte del grupo de afectados, que rozaban el centenar, cobraran el precio pactado por sus tierras de Caja Segovia en su día vendieron a 16,2 euros el metro hace dos años.

Pero, ¿qué ocurrió para llegar hasta este punto? Las versiones se contradicen según quién las explique. Los agricultores hablan de una expropiación forzosa y afirman que, en cierto modo, les obligaron a vender a las empresas las mismas que ahora carecen de fondos para abonar el dinero pactado que la Administración autonómica puso sobre la mesa. Fuentes de la Consejería de Economía niegan este extremo: «Ellos hicieron un contrato entre particulares, negociaron el precio y firmaron sus acuerdos mientras la Junta pagó lo que tenía que pagar por la expropiación». El resto, añaden, es un «problema entre particulares en el que nosotros no podemos entrar porque son las empresas las que adeudan el dinero».

Desde la Consejería de Economía matizan que «la obra no está parada ni abandonada como tal» e insisten en que «simplemente se vigila y se mantiene» a expensas de encontrar nuevas vías de financiación externa que permitan retomar los trabajos. «La previsión es que el asunto se resuelva antes de abril y que a lo largo de ese mes puedan retomarse los trabajos de urbanización», anuncian desde la consejería, que justifican que su propio titular, Tomás Villanueva, «ya explicó hace unos días que no podemos entrar en lo que no se puede financiar porque la prioridad ahora mismo es la educación y la sanidad».