Los discapacitados mentales dispondrán de una residencia de 40 plazas en dos años

Los discapacitados de Segovia por enfermedad mental grave y prolongada tendrán a su disposición, antes de dos años, una residencia de 40 plazas que se construirá en el complejo asistencial que la Diputación tiene en la finca Quitapesares de Palazuelos de Eresma, a cinco kilómetros de la capital.

Así fue anunciado ayer por el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, y el presidente de la corporación provincial segoviana, Javier Santamaría, tras la firma de un convenio por el que ambas instituciones se comprometen a sacar adelante este proyecto.

Aunque se trata de un documento en el que sólo se expresa la voluntad de construir la residencia, Antón y Santamaría explicaron que la inversión prevista ronda los tres millones de euros, que serán cofinanciados al 50% por cada una, y que ambos confían en que pueda ser una realidad antes de dos años.

Según el dato facilitado por el consejero, en la provincia de Segovia existen 1.056 personas con discapacidad por enfermedad mental (22.000 en toda la región) que tiene a su disposición un centro de día y ocupacional en el que reciben formación aquellos en disposición de incorporarse al mercado laboral y dos viviendas tuteladas por las que pasan como lugar de tránsito hacia su integración social.

Lo que faltaba

Tanto los discapacitados como su entorno familiar cuentan además con el apoyo de la Asociación Segoviana de Personas con Enfermedad Mentales, Familiares y Amigos, Amanecer, que, con ayuda de las administraciones públicas desarrolla iniciativas encaminadas a dar respuesta a la problemática que plantean las familias de enfermos mentales así como fomentar la solidaridad social hacia las personas con enfermedad mental, la mejora del apoyo a sus familiares y la promoción del ejercicio de sus derechos. Este es el caso, por ejemplo, de los talleres de psicoeducación familiar, el cuarto de los cuales se impartió en septiembre.

La presidenta de Amanecer, Rosario Martín Laguna, se mostró satisfechísima por el paso dado ayer por la Consejería de Familia y la Diputación, por cuanto la futura residencia «cerrará el círculo asistencial de los enfermos mentales de la provincia».

En las nuevas instalaciones tendrán cabida aquellos cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, tengan edades comprendidas entre los 18 y los 64 años y o bien carezcan de familia o, por circunstancias, no puedan ser atendidos por ellas de forma temporal o permanente.

Antón explicó que el centro dará cabida tanto a residentes con carácter temporal como permanentes y que la evaluación de una u otra condición y del tiempo de permanencia de los primeros vendrá determinada por el criterio de los profesionales, tanto del sistema sanitario como de lo servicios sociales. En este punto señaló que la coordinación entre ambos será máxima, siguiendo las pautas del programa piloto que se desarrolla en una residencia de similares características de Toro (Zamora).

Atención integral

De esta forma, serán los profesionales sanitarios y de los servicios sociales los que determinarán qué discapacitados mentales pueden ingresar en la residencia y durante cuánto tiempo y cuales han de permanecer en ella con carácter permanente.

Y su labor no acabará aquí porque desde el momento en que se evalúen las condiciones que reúnen los potenciales residentes estos serán objeto de un seguimiento permanente, tanto de su estado físico como de sus situación social, Así pues serán objeto de atención profesional e integral antes, durante y después de haber pasado por el nuevo centro asistencial, lo que proporcionará una mayor tranquilidad y un alivio a sus familias.

La Consejería de Familia y la Diputación no sólo compartirán la inversión de tres millones que requiere la construcción de la residencia, si no también su posterior mantenimiento. Para ello se arbitrará una posterior fórmula por la que se concertarán una serie de plazas con la Administración autonómica.

Tanto el consejero como el presidente de la Diputación señalaron que sus respectivas administraciones ya tienen consignado el dinero necesario para construir el nuevo centro asistencial y que los plazos para su ejecución sólo dependen de las cuestiones técnicas y administrativas relativas a la redacción del proyecto y la adjudicación de las obras. «Si puede estar en servicio en año y medio mejor que en dos años», manifestó Santamaría.