¿Iguales ante el fisco?

Artículo 14 de la Constitución Española: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna...» Cualquiera diría que va a misa, pero no es así. Lo que la Carta Magna garantiza, se lo salta a la torera un fisco crecido al amparo del Estado de las Autonomías. Puede parecer fuerte, pero la realidad deja claro que no hay españoles a la hora de tributar. Hay madrileños, extremeños, castellanos y leoneses, valencianos, cántabros y así hasta completar la piel de toro.

Valga un ejemplo para comprobarlo. Fallece el señor Garrido. Su esquela apunta que deja viuda y tres huérfanos, que al dolor de la pérdida del cabeza de familia deberán sumar los quebraderos de cabeza de la liquidación de su herencia: la vivienda familiar valorada en 520.000 euros, un apartamento de 370.000, una cuenta corriente con 58.000 y acciones por valor de 50.000. El duelo emocional no sabe nada de mapas autonómicos y la pena será igual en cualquier punto de España, pero el económico no. En Asturias, los allegados del finado no pagarán nada al liquidar el Impuesto de Sucesiones y en Castilla y León lo arreglarán con 11,6 euros. En Extremadura, heredar del difunto les costará 8.981 euros.

Y lo que pasa en el Impuesto de Sucesiones, prácticamente suprimido para familiares directos en más de la mitad de las comunidades, entre ellas Castilla y León, sucede con otros. Ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ni el de Sucesiones, ni el de Donaciones miden al ciudadano por el mismo rasero. Así lo constata un amplio trabajo elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, constata una desigualdad fiscal que alcanza límites especialmente llamativos en el de Donaciones para vivienda habitual, con regiones como Aragón, Canarias, Castilla y León, Madrid o la valenciana, donde se pagaría nada o muy poco, y otras como Andalucía, Asturias o Cantabria, en las que el contribuyente debería ingresar en caja 27.391 euros. Los autores del informe aplican cuatro supuestos idénticos de contribuyentes al mapa autonómico. El dispar resultado admite pocas interpretaciones.

Maraña normativa

La descentralización ha dejado en manos de las autonomías la gestión y recaudación de determinados impuestos, caso del de Sucesiones o Transmisiones, y en Impuesto sobre la Renta que religiosamente hay que presentar cada primavera en la Agencia Tributaria existe lo que se conoce como tramo autonómico, una parcela en la que las comunidades pueden fijar desgravaciones y ventajas fiscales para sus administrados. Eso se traduce en euros y también en dolores de cabeza para los ciudadanos contribuyentes y para sus asesores fiscales, obligados a desbrozar una maraña de leyes, decretos y demás normativas, cuyas constantes modificaciones llegan a poner a prueba a ciudadanos y asesores sobre cual es la última vigente. «Se puede constatar que el problema no es ya sólo aplicar cada año una nueva norma, es que en muchos casos ya es un logro conseguir adivinar la norma o el precepto aplicable», concluyen los redactores del estudio.

Carga fiscal y regiones

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, aborda la posibilidad de aminorar la carga fiscal que depende de los Gobierno regionales para afrontar la crisis económica actual y apunta hacia el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. «Las autonomías pueden abaratar el proceso productivo inmobiliario rebajando este tributo», destaca el presidente de los economistas vallisoletanos. En el resto, el margen de maniobra es limitado. De Margarida Sanz sitúa a Castilla y León quinta en la clasificación de autonomías con menor carga fiscal en el Impuesto de la Renta, detrás de Canarias, Murcia, Madrid y Valencia y tercera en el listado de menor presión impositiva cuando de liquidar el Impuesto de Donaciones se trata. Comparte puesto en esta modalidad con Canarias y Madrid y mejoran lo que ofrece Castilla y León aragoneses y valencianos.

Lo que sí está claro es que el territorio alivia o carga peso, según los casos, a la hora de cumplir como contribyuentes.