Interior mantiene el cuartel de Vadillos al borde del derribo con sólo 3 agentes

El Ministerio del Interior mantiene operativo, por llamarlo de alguna manera, el cuartel de la Guardia Civil en Vadillos con una única oficina atendida por tres agentes para no perder su titularidad -el suelo es de la Junta y está cedido mientras siga en uso desde los años cincuenta- y poder utilizar así el inmueble como moneda de cambio para conseguir que el Ejecutivo regional rehabilite el segundo cuartel que posee dentro de la capital, el de Puente Colgante -también de titularidad regional-.

Ambas partes reconocen que mantienen negociaciones al respecto mientras los vecinos confían en que el avanzado estado de deterioro de la obsoleta casa cuartel de Vadillos puede lograr en pocos meses lo que llevan reivindicando veinte años, es decir, destinarlo a uso dotacional con un aparcamiento, una piscina cubierta y un centro de día para la tercera edad.

El director general de Vivienda (Consejería de Fomento), Gerardo Arias, reconoce que «se están manteniendo encuentros con la Comandancia y con la Subdelegación para buscar una solución a los dos cuarteles» sin que, al menos por ahora, «tengamos decidido el futuro uso del terreno de Vadillos en tanto se siga manteniendo activo». Y entre medias de este tira y afloja interesado entre las partes se encuentran las 52 familias de agentes que continúan viviendo en una «condiciones tercermundistas» en los bloques de Puente Colgante. Nadie vive ya, desde hace año y medio, en los desvencijados pisos de Vadillos, donde la Comandancia mantiene una única oficina destinada, nada menos, que al servicio de fiscalidad del aeropuerto de Villanubla. Semejante despropósito mantiene abierto, y cedido, un acuartelamiento que lleva en trámites de desaparición desde hace más de seis años. «Puede que el uso de ese cuartel -por Vadillos- sea testimonial, pero la cesión pactada en su momento por el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (el IPPV franquista) marcaba esas condiciones y así se mantendrá hasta que se decida su futuro», indica el responsable de Vivienda.

El otro actor de las negociaciones, el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, confirma que los dos acuartelamientos son propiedad de la Junta y reitera que «en estos momentos estamos hablando con ellos para buscar la mejor salida». El político reconoce que «el evidente estado de deterioro de Puente Colgante hace que no se pueda vivir así en ellos» y por eso añade que «en cuanto se cierre un informe de la Comandancia se remitirá a Madrid para que adopten una decisión conjunta definitiva».

Temor a un pelotazo

La solución inicial pasaría por la devolución del cuartel de Vadillos a cambio de la reforma de Puente Colgante. El problema es que la Junta no ganaría ni un euro con esta operación dado el elevado coste económico de la rehabilitación del cuartel que sigue habitado. De ahí que la presidenta de la asociación de vecinos Bailarín Vicente Escudero, Teresa del Cura, exija que «al final no tengamos que presenciar un nuevo pelotazo urbanístico cuando llevamos reclamando años que el suelo pase al Ayuntamiento para destinarlo a la construcción de unos servicios que tanto necesitamos en este barrio».

Tampoco los agentes permanecen de brazos cruzados y la Unión de Guardias Civiles (UGC) solicitó hace meses la posibilidad de que los propios funcionarios «compren las viviendas de Puente Colgante a un precio razonable para rehabilitarlas ellos mismos en el caso de que no se alcance un acuerdo para reformarlas». Nadie ha contestado a sus reinvindicaciones.